La Suprema Corte de Justicia atrae el caso Acteal a 28 años de la masacre en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 13 de febrero 2026- A casi tres décadas de la masacre de Acteal, uno de los episodios más dolorosos en la historia reciente de México, el caso regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La reactivación del expediente no sólo revive la memoria de las 45 personas tsotsiles asesinadas el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, sino que también vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad del Estado mexicano frente al desplazamiento forzado de comunidades indígenas en el contexto del conflicto armado interno en Los Altos de Chiapas.

Este jueves, por mayoría de siete votos, el pleno de la SCJN aceptó analizar un amparo cuya atracción fue promovida por sobrevivientes y familiares de las víctimas, quienes exigen que el Estado mexicano repare de manera integral el daño ocasionado por el desplazamiento forzado que padecieron tras la masacre de Acteal.
El caso podría sentar un precedente clave para definir hasta qué punto son responsables las autoridades de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— frente a una de las violaciones más graves a los derechos humanos en contextos de violencia: el desarraigo forzado de comunidades enteras.

En el recurso judicial, integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal reclaman la omisión y la falta de atención del Estado ante el desplazamiento forzado que sufrieron después de los conflictos armados que azotaron la región de Los Altos a finales de la década de los noventa. Durante la sesión en la SCJN estuvieron presentes algunos de los promoventes del amparo, quienes, con fotografías de sus familiares asesinados y mensajes de exigencia de justicia, recordaron que el paso del tiempo no ha cerrado la herida abierta por la impunidad.

El expediente será turnado a una de las ponencias de las y los ministros de la Corte para la elaboración del proyecto de resolución que, eventualmente, será sometido a discusión y votación en el pleno. De prosperar, la decisión podría convertirse en un criterio judicial de alcance nacional para otros casos de desplazamiento forzado interno, un fenómeno que ha afectado a miles de personas en distintas regiones del país.

No es la primera vez que el máximo tribunal conoce del caso Acteal. En 2009, la SCJN ordenó la liberación de 20 integrantes de un grupo paramilitar y 12 indígenas, al considerar que existieron violaciones al debido proceso durante su detención y juzgamiento. Aquella resolución, si bien no negó la existencia de la masacre, fue interpretada por las víctimas como un golpe devastador a su búsqueda de justicia, al dejar en libertad a personas sentenciadas por su participación en los hechos.

La masacre de Acteal dejó un saldo de 45 personas ejecutadas: 18 mujeres —cuatro de ellas embarazadas—, 16 niñas, cuatro niños y 17 hombres, además de 26 personas gravemente heridas. El ataque ocurrió mientras las víctimas se encontraban reunidas en un acto de oración en la comunidad de Acteal, perteneciente al municipio de Chenalhó, en el corazón de la región de Los Altos de Chiapas.

A casi tres décadas de los hechos, varios familiares de las víctimas han fallecido sin alcanzar justicia ni el reconocimiento pleno de la responsabilidad del Estado mexicano. Para las y los sobrevivientes, el tiempo no ha significado alivio, sino una prolongación del duelo y del reclamo. La memoria de Acteal —afirman— no es sólo un recordatorio del horror, sino un símbolo de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas.

En el marco del 29 aniversario de la masacre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que el Estado mexicano continúa sin reconocer su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad cometidos el 22 de diciembre de 1997. En un pronunciamiento emitido desde Acteal, el organismo reafirmó su acompañamiento a las y los sobrevivientes, así como a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

De acuerdo con el Frayba, la impunidad en torno a la masacre —perpetrada por un grupo paramilitar del municipio de Chenalhó— se mantiene como parte de una “guerra prolongada contra los pueblos indígenas”, enmarcada en un conflicto armado interno que sigue sin resolverse. El organismo sostiene que la violencia que estalló en Chiapas en la década de los noventa no fue un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia contrainsurgente cuyas secuelas persisten hasta hoy en distintas formas de hostigamiento, despojo territorial y criminalización de la protesta social.

El Frayba recordó que desde hace dos décadas el caso Acteal fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el Informe de Fondo continúa pendiente, una dilación que —advierte el organismo— ha profundizado el dolor de las víctimas y ha impedido el esclarecimiento pleno de las responsabilidades intelectuales y materiales del crimen.

En este escenario, Las Abejas de Acteal han sido reconocidas como un símbolo de lucha pacífica y construcción de memoria. El Frayba destacó que las y los sobrevivientes han transformado el horror en lo que denominan “La Otra Justicia”: una práctica comunitaria que apuesta por la memoria, la dignidad y la no violencia desde su Casa de la Memoria y de la Esperanza, un espacio que resguarda los nombres, los rostros y las historias de quienes fueron asesinados.

“El dolor no se ha borrado, pero se ha convertido en palabra, en solidaridad y en exigencia colectiva”, señaló el organismo al resaltar la labor de Las Abejas en el acompañamiento a otras luchas de los pueblos indígenas.

Especialistas en derechos humanos subrayan que el análisis del amparo podría ayudar a establecer parámetros claros sobre la responsabilidad del Estado en casos de desplazamiento forzado interno. De fijarse un criterio robusto, la Corte podría obligar a las autoridades a diseñar políticas públicas específicas de atención a personas desplazadas, garantizar su retorno seguro o reubicación digna, así como medidas de reparación integral que incluyan atención psicosocial, restitución de derechos, indemnización y garantías de no repetición.

Finalmente, el Frayba exigió al Estado mexicano reconocer de manera explícita su responsabilidad por la Masacre de Acteal y romper el pacto de impunidad que —acusa— ha prevalecido durante 28 años. “Ni perdón ni olvido. Verdad y justicia para Acteal”, reiteraron las y los sobrevivientes.

Mientras el expediente avanza en la Suprema Corte, las comunidades de Chenalhó y las familias de las víctimas mantienen viva la memoria de sus muertos. Para ellas y ellos, la justicia no es un concepto abstracto: es la posibilidad real de que el Estado reconozca su deuda histórica, repare el daño causado y garantice que ninguna otra comunidad indígena vuelva a ser desplazada o masacrada en el nombre de la impunidad.