Comités de agua en Chiapas exigen reconocimiento en nueva Ley Hídrica

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis; 27 de agosto de 2026 – Dos de cada cinco hogares en Chiapas no reciben agua diariamente por la red pública, y más de un tercio de la población depende de sistemas comunitarios para abastecerse, según datos de RED+AGUA Chiapas con base en el Censo INEGI 2020 y la ENIGH 2024. Frente a este escenario, comunidades de Tenejapa y Sitalá han convertido la organización local en su principal herramienta para monitorear la calidad del agua, operar infraestructura y prevenir enfermedades, en un esfuerzo que exigen sea respaldado por la nueva Ley de Aguas estatal.

En San Francisco, Tenejapa, habitantes participaron en talleres de monitoreo básico y aprendieron a tomar e interpretar muestras microbiológicas de sus fuentes. Al detectar contaminación, la comunidad activó asambleas para implementar métodos de desinfección como cloración y hervido, pasando de la observación a la acción preventiva. En La Unión, Sitalá, el proceso integró a estudiantes de la Telesecundaria "Frida Kahlo", docentes y familias, quienes revisaron el estado del tanque de almacenamiento y vincularon los hallazgos con hábitos cotidianos de lavado de manos e higiene alimentaria.

En Santa Cruz, Tenejapa, el comité de agua local opera un sedimentador de doble cámara que reduce sólidos suspendidos y turbidez antes de que el agua ingrese a la red de distribución, una infraestructura que demanda revisiones periódicas y sostenidas por la disciplina comunitaria.

En un comunicado conjunto, la Alianza Aguas Comunes (12 organizaciones), Cántaro Azul y RED+AGUA Chiapas (19 organizaciones) advirtieron que la nueva Ley de Aguas debe reconocer estos sistemas comunitarios, que operan donde el Estado no ha llegado o no ha garantizado el servicio.

"Las comunidades no son receptoras pasivas de infraestructura. Son quienes conocen sus fuentes, organizan el servicio y mantienen los sistemas. Reconocer la gestión comunitaria en la ley significa respaldar esas capacidades sin sustituir su autonomía", señalaron los representantes.

Los datos respaldan la urgencia: aunque la cobertura oficial reporta 89.4%, solo el 47.3% de los hogares chiapanecos cuenta con toma domiciliaria funcional y apenas el 41.2% recibe agua a diario. Es decir, cerca de 2 millones de personas —una de cada tres en el estado— dependen total o parcialmente de sistemas comunitarios para acceder al agua.

"Los datos oficiales son contundentes. La nueva Ley de Aguas no puede ignorar esta realidad. No se trata de trasladar la responsabilidad pública a la gente, sino de construir una corresponsabilidad real donde el gobierno reconozca a los comités como aliados estratégicos con acompañamiento técnico, capacitación constante y acceso a financiamiento", concluyeron.

Las organizaciones plantearon cinco ejes para la reforma legislativa:

1. Reconocimiento legal de los sistemas comunitarios como estructura real que sostiene el servicio.
2. Corresponsabilidad entre Estado y comunidades, sin imponer cargas desproporcionadas.
3. Asistencia técnica, capacitación y recursos públicos para monitoreo, operación y saneamiento.
4. Mecanismos permanentes de coordinación pública-comunitaria en los municipios.
5. Registro simple, gratuito y declarativo, sin trámites burocráticos que obstaculicen el reconocimiento.

La gestión comunitaria ya protege la salud y mantiene el acceso al agua en cientos de comunidades. La reforma legislativa tiene la oportunidad histórica de reconocerla como pilar de la justicia hídrica y garantizar las condiciones públicas para fortalecerla. La Alianza Aguas Comunes, Cántaro Azul y RED+AGUA Chiapas han contribuido a mejorar el acceso al agua y saneamiento para más de 120 mil personas en 321 comunidades del sureste del país.