Denuncia maltrato a su hija en Chiapas y FGE cierra caso sin investigación

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 18 de junio 2026.-Raquel González Sánchez, madre de una niña de 6 años, presentó en marzo pasado una denuncia ante la Fiscalía de Menores de Chiapas en contra de Paula Romero Ramón, directora del Instituto Finlandia, ubicado en la colonia Santa Elena. La acusación señala maltrato físico, psicológico y verbal, así como negligencia en la alimentación de la menor, quien según la denunciante sufrió descompensación por falta de comida, además de golpes en la pantorrilla al defender a otra bebé.

A raíz de los hechos, la niña presenta secuelas como ataques de ansiedad, miedos y problemas de socialización, por lo que actualmente recibe terapias psicológicas en el Issste. Los padres han solicitado en múltiples ocasiones que la Fiscalía requiera un informe de avance terapéutico para que conste el estado emocional de la menor, pero aseguran que ni el Ministerio Público ni la defensora de oficio gestionaron dicho documento.

A pesar de que los padres aportaron pruebas y testigos —exmaestras que también fueron estafadas y maltratadas por la directora—, la Fiscalía determinó el no ejercicio de la acción penal, argumentando que no se encontraron "lesiones contundentes" ni "daño psicológico acreditado" en la primera entrevista con la menor. La madre cuestiona que se pretenda evaluar el daño emocional de una niña de 6 años en su primera comparecencia, cuando apenas podía hablar del miedo que le generaba la situación.

González denuncia además que el Ministerio Público, encabezado por el licenciado Eduardo Ley Hernández, no realizó una investigación de campo en el instituto, ni entrevistó a otras familias afectadas. La institución educativa no fue clausurada por autoridades, sino que cerró por la presión social derivada de la difusión del caso entre padres de familia y vecinos, muchos de los cuales manifestaron haber sido víctimas de la misma directora en otros centros educativos donde operó con distintos nombres.

La madre también critica la atención recibida en la Fiscalía: citas condicionadas, declaraciones incompletas, falta de seguimiento y nulo acompañamiento por parte de la defensora de oficio. "No hay humanismo", sentencia, y asegura que este tipo de procedimientos desalienta a las familias a buscar justicia.

La familia no cuenta con recursos económicos para costear abogados particulares, pero González afirma que luchará hasta el final por la integridad de su hija. Exige que las autoridades no solo notifiquen, sino que investiguen realmente, y que los derechos de los niños no queden supeditados a interpretaciones burocráticas. "Mi hija no es de cristal, pero nadie tiene derecho a agredirla", concluye.