Prohíbe SEP novatadas en normales; en Chiapas van 15 denuncias
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 03 de julio 2026.-Solicitar refugio en México se ha convertido en un proceso cada vez más oneroso y excluyente para miles de personas en movilidad que llegan a la frontera sur. De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, los gastos asociados al trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pueden alcanzar los 70 mil pesos cuando los solicitantes contratan asesoría legal privada, una cifra que rebaza con creces la capacidad económica de la mayoría de los migrantes.
Luis Rey García Villagrán, director del organismo, explicó que el proceso inicia con el pago de una cita, cuyo costo oscila entre 5 mil y 10 mil pesos. A partir de ahí, el acompañamiento jurídico para dar seguimiento al caso eleva el desembolso total a rangos de 50 mil a 70 mil pesos. “Esto imposibilita el acceso equitativo a oportunidades para personas en situación de movilidad”, sentenció el activista.
Los números respaldan la gravedad de la crisis. En 2023, Chiapas concentró cerca del 40 % de todas las solicitudes de asilo en el país, con Tapachula como el principal punto de recepción, según datos de la COMAR. Simultáneamente, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que miles de personas permanecen varadas en la frontera sur a la espera de una resolución migratoria, en medio de un sistema saturado y con plazos que se extienden por meses.
El panorama se agrava por la limitada capacidad de la defensa pública. García Villagrán estima que aproximadamente 60 mil migrantes carecen de recursos para contratar representación legal, mientras que los abogados de oficio no logran cubrir la demanda. Esta situación provoca rezagos, alarga los tiempos de espera y expone a los solicitantes a redes de falsos gestores que ofrecen soluciones rápidas a cambio de dinero, sin resultados reales.
Ante el estancamiento en Tapachula, muchos migrantes optan por sumarse a caravanas que avanzan hacia el interior de la República, con la esperanza de continuar sus trámites en otras entidades. Sin embargo, esta decisión implica nuevos riesgos, desde desgaste físico hasta enfrentamientos con autoridades migratorias.
Mientras el gobierno federal mantiene su discurso de atención humanitaria, organizaciones civiles exigen una revisión urgente del proceso, mayor presupuesto para la defensa pública y mecanismos que eliminen los cobros paralelos. Por ahora, el sueño del refugio en México sigue siendo, para muchos, un lujo inalcanzable.