Adrián LeBarón y Ceci Flores piden al narco pactar la paz en Guerrero
TAPACHULA, Chis., a 10 de marzo de 2018.- La Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES) demandó la intervención de Renato Sales Heredia, Comisionado de Seguridad Nacional de la Secretaria de Gobernación, para que el Gabinete de Seguridad Nacional revisen las estrategias y las acciones a seguir y aumente el número de elementos en la Estación de Policía de Tapachula, para que las Fuerzas Federales acudan a esta Frontera Sur ante la ola de violencia y la grave amenaza a la Seguridad Nacional y la frágil estabilidad social que vivimos en el Soconusco.
En un comunicado de prensa, el dirigenete José Francisco Aranda Tinajero, afirmó que se requiere de una evaluación para aplicar un plan en materia de seguridad para garantizar la libertad y los derechos de la ciudadanía y contrarrestar la inseguridad, ya que la población se encuentra a merced del hampa organizada, donde los delitos enmarcados en el fuero común y del orden federal han rebasado toda expectativa: abigeato, pederastia, abuso sexual a menores y violación a mujeres, robo a casa habitación, asaltos a negocios, invasiones, robos de autos, pandillas juveniles y maras salvatruchas, feminicidios y secuestros contrabando de todo tipo de mercancías ilegales y uso de armas cortas y largas, trasiego de todo tipo de drogas, atentados y asesinatos a plena luz del día y áreas céntricas de ciudades y pueblos, amén que aparecen osamentas y cadáveres con huellas de tortura y asesinadas con armas de fuego.
Es imperativo que el Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto, conozca que en territorio nacional en el límite entre México y Guatemala se carece de un auténtico estado de derecho y que las leyes e instituciones que son el pilar para evitar y sancionar todo tipo de delitos, aquí es letra muerta. Ya que se observa que funcionarios públicos y gobernantes son auténticos delincuentes que no son sancionados y son quienes promueven los delitos, y no son castigados.
Aranda Tinajero señaló, que con fundamento en el Artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Artículos 37 y 40 de su Reglamento, han demandado al Comisionado de Seguridad Nacional que se requiere de un esquema integral – y que nos diga el Presidente Peña si se tiene contemplado- que cumpla acciones específicas y labor de inteligencia para contrarrestar daños al patrimonio, la integridad física y la vida de los Chiapanecos.
En esta frontera ha fallado la política de seguridad interior y el crimen organizado transnacional ha crecido de manera alarmante y está generando graves daños. Donde no solo está causando zozobra y temor sino que ha frenado el desarrollo y la productividad, independientemente de la impunidad que deja en la indefensión y la impotencia a la víctima. Y que es constante que no solo no se restituyen los bienes, tampoco se repara el daño adecuadamente sino que el ofendido es re victimizado.
La percepción ciudadana, es que se acentúa la debilidad gubernamental ante una delincuencia que cobra fuerza ya sea por negligencia, complicidad o corrupción gubernamental. Aquí se carece de una cultura de la investigación y escasea el interés por combatir la corrupción así como sancionar la criminalidad.
El líder dijo que la sociedad se encuentra harta y enojada por la falta de seguridad y demandamos una policía científica, capaz de aplicar una labor de inteligencia, bien pagada y que no sea corruptible. No necesitamos operativos de escándalo y que afecte a la población trabajadora y productiva. Sino que detenga delincuentes y no afecte a la ciudadanía honesta y trabajadora que se debe a su familia, y en efecto se castigue a los criminales.
Es tiempo que el Ejecutivo Federal y el Gabinete de Seguridad Nacional volteen la mirada al Sur, necesitamos una policía eficiente para prevenir el delito, así como una policía que investigue y detenga a quien viole el imperio de la ley, un sistema e instituciones de procuración y administración de justicia eficientes e incorruptibles y la aplicación de la ley para prevenir y combatir a quienes cometan los antisociales y quienes los protejan o solapen. No esperemos que la ciudadanía se arme y se haga justicia por propia mano. ¡Sería lo más grave en esta región que ya vive en la anarquía! ¡Como para que halla linchamientos!
Es imperativo señalar, que en esta Organización Social tenemos confianza en los mandos ubicados en Tapachula, que se ha coordinado actividades con la Policía de Caminos, Gendarmería y Científica, para la prevención del delito, la violencia y las adicciones, pero es insuficiente ante los pocos elementos que hay en la estación policial. Repito, estas acciones han tenido excelente respuesta de adultos, jóvenes y niños, pero son muchos los focos rojos y numerosas las comunidades afectadas por la delincuencia común y el crimen organizado.
El cocesista sostuvo, tenemos derechos inalienables como todos los ciudadanos en el país, y debemos vernos favorecidos en nuestra petición con un acuerdo positivo, pues está sustentada en los principios más elementales del Gobernado, concluyó.