Chiapas: lengua, distancia y machismo, el triple muro que frena la justicia para indígenas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 31 de agosto 2026.-En los Altos de Chiapas, donde municipios como Aldama y Chalchihuitán concentran más del 98% de población hablante de lengua indígena, la ruta hacia la justicia comienza con un obstáculo que pocas logran sortear: el idioma. De las 1.46 millones de personas que hablan una lengua originaria en la entidad —28 de cada 100 chiapanecos—, el 12% no habla español. Esto convierte a las oficinas del Ministerio Público en espacios donde la denuncia puede perderse en la traducción.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 reveló que, si bien Chiapas registró la prevalencia más baja de violencia contra mujeres de 15 años o más con 48.7%, la violencia contra mujeres con afiliación indígena y habla de lengua originaria aumentó de 66.1% en 2016 a 70.1% en 2021. Esto implica que más de 700 mil mujeres indígenas viven en contextos de violencia psicológica, física, sexual o patrimonial.

A la barrera lingüística se suma el arraigo de usos y costumbres. La Fiscalía de Chiapas ha reconocido que en comunidades como San Juan Chamula, Zinacantán y Chenalhó persiste una cultura machista que relega a la mujer a labores domésticas y crianza, y que los derechos fundamentales como heredar no son reconocidos para ellas. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca ha enfatizado: "Los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de las mujeres".

Esta realidad contribuye a que los delitos sexuales vayan al alza: la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes ha visto dispararse los casos, con 87% de delitos sexuales cometidos contra niñas. Además, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en embarazo adolescente, con 81.7 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.

De enero a abril de 2025, el Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) documentó 452 carpetas de investigación por delitos contra mujeres en Chiapas, que incluyen siete feminicidios y cuatro tentativas. Los casos más recientes han conmocionado a la opinión pública: en abril, dos hermanas indígenas de 18 y 14 años fueron halladas sin vida con impactos de bala en San Juan Chamula, elevando a ocho los feminicidios en lo que va del año.

Las denuncias por delitos sexuales incrementaron 40% de enero a julio de 2024 respecto al mismo periodo de 2025. Aunque el estado cuenta con 52 Centros Libres para las Mujeres —la cifra más alta del país— y se han entregado cartillas de derechos en español y tsotsil, la cobertura aún es insuficiente para comunidades donde la desconfianza hacia las instituciones persiste.

En abril de 2026, el Congreso de Chiapas aprobó la denominada Ley Petrona, que reforma el Código Penal para que la legítima defensa se analice con perspectiva de género, evitando la criminalización de mujeres que actúan para proteger su vida. La iniciativa surgió del caso de Petrona, indígena tseltal de 32 años originaria de Tenejapa, quien enfrentó proceso judicial por matar a su agresor en defensa propia —un hecho que evidenció los vacíos del sistema para distinguir el dolo de la legítima defensa en contextos de violencia doméstica.

Organizaciones como el colectivo 50+1 han celebrado la reforma pero insisten en que hace falta más: que las mujeres sepan que pueden denunciar, que encuentren personal bilingüe en las fiscalías y que las instituciones lleguen a las regiones apartadas. La Alerta de Género declarada para Chiapas desde 2016 sigue sin traducirse en acciones efectivas en los municipios indígenas.

Mientras tanto, en los Altos de Chiapas, donde el 98% de la población habla tseltal o tsotsil, la justicia sigue siendo una palabra que no siempre encuentra quien la interprete.