Defensora de derechos humanos es atacada en Tonalá; organizaciones exigen protección urgente

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 09 de febrero 2016
Organizaciones civiles de Chiapas y a nivel nacional lanzaron una alerta urgente para exigir a los distintos niveles de gobierno la protección inmediata de la defensora de derechos humanos Poulette Celene Hernández, quien fue víctima de amenazas de muerte y agresiones físicas en el municipio de Tonalá, en la región Istmo-Costa del estado.

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C., organización de la que forma parte la defensora, advirtió que los hechos ocurridos en días recientes muestran un patrón de hostigamiento y un riesgo elevado para su vida e integridad personal. En un comunicado, la organización señaló que la situación representa un peligro inminente para la defensora debido a la violencia directa que ha enfrentado.

De acuerdo con la documentación de la organización, el 7 de febrero, cuatro personas a bordo de dos motocicletas se presentaron afuera del domicilio de Poulette Hernández, ubicado en la colonia Democrática Chiapaneca, en Tonalá. Los sujetos preguntaron por ella y, al notar la presencia de otras personas dentro del inmueble, se retiraron, no sin antes advertir que regresarían, lo que fue considerado un acto de intimidación.

Al día siguiente, el 8 de febrero, tres personas —dos mujeres y un hombre— acudieron nuevamente al domicilio de la defensora y exigieron que saliera del lugar. Posteriormente, la insultaron, la amenazaron de muerte y la agredieron físicamente, configurando un ataque directo contra su integridad personal.

Por estos hechos, se inició una denuncia penal bajo el número de atención 070-2026, radicada en la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Región Istmo-Costa. Las organizaciones exigieron que las autoridades actúen con debida diligencia, investiguen los hechos y sancionen a las personas responsables.
Poulette Celene Hernández es abogada y defensora de derechos humanos.

En la región Costa de Chiapas coordina procesos de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y promueve la formación en derechos humanos de las mujeres, salud comunitaria y agroecología. Su trabajo se desarrolla en contextos marcados por la violencia estructural y la vulnerabilidad social de las comunidades.

En semanas recientes, organizaciones locales han denunciado intentos de despojo relacionados con el proyecto del Corredor Interoceánico, así como presuntos casos de colusión entre grupos delictivos y autoridades en la región, lo que ha incrementado los riesgos para personas defensoras que acompañan procesos comunitarios.

Ante este contexto, las organizaciones demandaron la implementación de medidas de protección urgentes, efectivas y concertadas con la defensora, que incluyan vigilancia preventiva en su domicilio, coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, así como garantías para que pueda continuar su labor sin criminalización ni estigmatización.

Las organizaciones advirtieron que la falta de una respuesta inmediata por parte de las autoridades podría derivar en consecuencias graves e irreparables, y reiteraron que la protección de las personas defensoras es una obligación del Estado mexicano conforme a los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.