8 familias tseltales son desplazadas con violencia en Jotolá Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 28 de febrero 2026.– El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas documentó el desplazamiento forzado interno de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, en el estado de Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares mediante actos de violencia extrema. Entre las personas desplazadas se encuentran 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.

De acuerdo con la documentación recabada, a las 08:00 horas fue detenido Francisco Moreno Hernández por elementos de la Policía Municipal. Posteriormente, alrededor de las 11:00 horas, aproximadamente cien personas irrumpieron en las tierras donde se asentaban las viviendas de las ocho familias desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, así como de funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.

El desplazamiento forzado interno dejó un saldo de cinco viviendas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese contexto fue detenida María de Jesús Sánchez, quien durante su traslado habría sido torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.

La violencia se extendió a través de actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese mismo día, Francisco Moreno Hernández y María de Jesús Sánchez fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, donde se les imputó el delito de despojo agravado. El 17 de febrero, durante la continuación de la audiencia, el juez resolvió vincular a proceso a ambas personas.

A Francisco Moreno se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no acreditó la necesidad de dicha medida; actualmente permanece privado de la libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. A María de Jesús Sánchez se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.

Estas acciones han sido señaladas como parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se oponen a su privatización. La participación de autoridades y actores locales en los hechos documentados constituye una grave violación a los derechos humanos. A ello se suman ocho órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, las cuales incrementan la vulnerabilidad de las familias desplazadas y colocan en riesgo su libertad y seguridad.

Las consecuencias del ataque afectan derechos fundamentales, entre ellos la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluida la salud sexual y reproductiva de las mujeres—, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En el caso de María de Jesús Sánchez, se subraya la afectación al derecho a la no discriminación, al tratarse de una mujer desplazada, madre de cuatro hijas e hijos en situación de vulnerabilidad.

En el plano psicosocial, las personas desplazadas presentan ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas, particularmente en personas adultas mayores. Las infancias registran pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses presenta vómitos y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses reporta dolores en el vientre.

Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron la responsabilidad de los gobiernos federal y estatal en este desplazamiento forzado, al no garantizar la protección de las familias, la investigación de los actos de violencia ni el acceso a la justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años. En este contexto, se demandó la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas, así como atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad.

Asimismo, se exigió el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández. Finalmente, se convocó a la solidaridad nacional e internacional para manifestarse frente a estos hechos, considerados parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.