Jubilados de la CFE protestan afuera del Congreso de Chiapas

Rechazan artículo 127 de la Constitución

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 24 de marzo 2026.— Un grupo de aproximadamente 30 jubilados del sector eléctrico, integrantes de la asociación JUSECH A.C., se manifestó a las afueras del Congreso del Estado de Chiapas, a un costado del parque de la parroquia de San Roque, para expresar su rechazo a la propuesta de reforma al artículo 127 de la Constitución.

Los inconformes, extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalaron que la iniciativa impulsada desde la Presidencia de la República plantea la reducción de percepciones y pensiones de servidores públicos, medida que, aseguran, podría vulnerar derechos laborales adquiridos.

Rubén Martínez Vázquez, representante de una de las asociaciones de jubilados, explicó que forman parte de uno de los cuatro grupos organizados en la entidad. Durante la manifestación, se dio lectura a una carta dirigida a legisladores locales, en la que expresan su postura frente a la iniciativa.

En el documento, los jubilados reconocen que pueden existir casos aislados de pensiones consideradas excesivas; sin embargo, subrayan que estos no deben generalizarse ni utilizarse como argumento para afectar a miles de trabajadores que cumplieron con los requisitos legales para su retiro.

“Quienes laboramos durante décadas en la CFE firmamos convenios legales conforme a la Ley Federal del Trabajo y a los contratos colectivos vigentes, donde se establecieron claramente las condiciones de jubilación bajo el principio de cosa juzgada”, expuso Martínez Vázquez.

Los manifestantes destacaron que la mayoría del personal jubilado está conformado por trabajadores operativos y especialistas que desempeñaron labores de alto riesgo y responsabilidad, incluso poniendo en peligro su vida. En ese sentido, afirmaron que la jubilación no representa un privilegio, sino un derecho legítimamente adquirido.

Asimismo, recordaron que desde el 18 de agosto de 2008 la CFE modificó su esquema de pensiones hacia cuentas individuales, y que en 2016 se redujeron en un 35% las prestaciones jubilatorias, medidas que, aseguran, ya contribuyeron a la viabilidad financiera del sistema.

Los inconformes también cuestionaron el impacto económico de la reforma, al considerar que el ahorro estimado —equivalente al 0.4% del total de pensiones del sector público— resulta mínimo.

Advirtieron que aplicar la reforma de manera retroactiva constituiría una violación a derechos humanos, particularmente al de seguridad jurídica, además de afectar principios constitucionales. Subrayaron que muchos de los jubilados son adultos mayores, por lo que cualquier afectación podría implicar también actos de discriminación.

Finalmente, alertaron que la reducción de salarios y prestaciones al personal en activo podría generar fuga de talento en el sector público.

Durante la protesta, los participantes reiteraron que su movilización busca defender el Estado de Derecho, la certeza jurídica, los derechos adquiridos y el respeto a los derechos humanos.