Exige AMIPAC destituir al titular de SSP tras ataques a periodistas

MORELIA, Mich., 15 de noviembre de 2025.- La Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC) condenó los hechos de violencia ejercida contra los periodistas Liliana Jiménez y Jannia Serriteño, ocurridos en el marco de la manifestación convocada por la Generación Z en el Centro Histórico de Morelia.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, incluidos grupos de granaderos, ejercieron violencia física, intimidación y uso excesivo de la fuerza contra nuestras compañeras periodistas”, denunció a través de un comunicado.

Durante la manifestación para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y en contra de la estrategia de seguridad federal encabezada por Claudia Sheinbaum, se desató la trifulca con la prensa.

Derivado de ello, la reportera Liliana Jiménez resultó lesionada de un ojo, mientras que la comunicadora Jannia Serriteño sufrió afectaciones por parte de los agentes, actos que fueron calificados por la asociación civil como un acto de violencia institucional y una afrenta a la libertad de expresión.

“Estos actos no solo son inadmisibles; representan una afrenta directa a la libertad de expresión, a la labor periodística y a los derechos humanos más básicos. La agresión a periodistas durante su trabajo constituye un acto de violencia institucional, un mensaje de intolerancia y una evidencia del deterioro del respeto hacia la prensa por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, expuso.

Ante ello, exigió a las autoridades la destitución inmediata del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Carlos Oseguera Cortés, bajo el argumento de que desde su cargo permite que las manifestaciones legítimas sean reprimidas violentamente.

Esta acusación se da tras el antecedente del caso de la reportera Dalia Villegas, quien presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR) por violación a la libertad de expresión, agresiones físicas y verbales, actos de intimidación y privación de la libertad.

Asimismo, la asociación civil demandó una investigación “exhaustiva, seria, independiente y transparente” que conduzca a sanciones para los agentes de seguridad y los mandos responsables del operativo. Y, finalmente, que el gobierno del estado garantice el ejercicio del periodismo en Michoacán.

Para este punto, se exigió acciones como la implementación de capacitación a cuerpos de seguridad en materia de libertad de prensa y derechos humanos; dejar de justificar la violencia institucional e instruir a corporaciones estatales a respetar los protocolos de actuación con presencia de prensa.