Activistas acusan red transnacional de tráfico de actas de nacimiento en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis,. 30 de enero 2026—.Desde hace al menos siete años, una presunta red de corrupción dedicada a la expedición ilegal de actas de nacimiento y otros documentos oficiales habría operado en municipios de la frontera sur de Chiapas, beneficiando a miles de personas extranjeras mediante la falsificación de registros civiles, denunció Luis García Villagrán, activista y director del Centro de Dignificación Humana A.C.

En entrevista radiofónica, García Villagrán afirmó que estas prácticas comenzaron durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz de lo que calificó como un “muro burocrático” impuesto en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), tras la apertura inicial de la frontera sur.

De acuerdo con el activista, la falta de respuestas institucionales derivó en la consolidación de una red transnacional dedicada no solo al tráfico de documentos oficiales, sino también al tráfico y la trata de personas, aprovechando la desesperación de migrantes que buscaban certeza jurídica para evitar la explotación laboral o avanzar hacia la frontera norte.

Uno de los señalamientos más graves apunta a la expedición de actas de nacimiento de niños que, presuntamente, no existen. García Villagrán aseguró que en municipios como Tapachula, Tuxtla Chico, Huixtla, Metapa y Suchiate se habrían registrado cientos de menores supuestamente nacidos de padres migrantes, pero que en realidad no existen físicamente.

“De cada 100 niños registrados como hijos de extranjeros, 99 no existen”, afirmó, al señalar directamente a la Oficialía 1 del Registro Civil de Tapachula. Según explicó, estas actas sirvieron como base para obtener residencias permanentes mediante el artículo 52 de la Ley de Migración, que permite regularizar a extranjeros por vínculo familiar con hijos nacidos en México o por matrimonio con ciudadanos mexicanos.

El activista denunció además la expedición irregular de actas de matrimonio, en las que ciudadanos mexicanos habrían recibido pagos de entre 20 mil y 30 mil pesos para simular uniones con personas extranjeras, principalmente de origen cubano y haitiano. Estos documentos, afirmó, debieron ser verificados por autoridades migratorias mediante inspecciones físicas y cruces de información, lo que —aseguró— nunca ocurrió.

García Villagrán también señaló que los documentos falsos comenzaron a ser detectados en consulados mexicanos en el extranjero, particularmente en Houston, Estados Unidos, así como en países como Filipinas y Costa Rica, lo que evidenció la magnitud internacional del problema. En algunos casos, explicó, personas con documentos apócrifos fueron retornadas a México al ser consideradas “aparentemente mexicanas”, y no a sus países de origen.

El activista acusó que, lejos de investigar las denuncias, las autoridades respondieron con persecución política y judicial contra su organización. Indicó que enfrenta procesos legales, pese a haber sido exonerado en uno de ellos, y mencionó la existencia de la carpeta de investigación FED-CHI-SAP-0087 de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, en la que —aseguró— se aportaron pruebas de corrupción sin que hasta ahora haya sanciones contra funcionarios.

En contraste, autoridades estatales confirmaron que existen investigaciones en curso. La directora del Registro Civil de Chiapas, María Dolores Estrada Gordillo, informó que se detectaron irregularidades en al menos 12 municipios de la franja fronteriza y que, hasta el momento, hay tres personas detenidas por su presunta participación en una red dedicada al tráfico de actas de nacimiento para extranjeros.

La funcionaria explicó que el modus operandi consistía en cargar documentos falsos al sistema nacional mediante la alteración de libros físicos del Registro Civil, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a las actas. Ante estas anomalías, el Registro Nacional de Población (Renapo) intervino para anular documentos irregulares.

Uno de los casos más relevantes se registró en el municipio de Altamirano, donde se identificaron más de mil actas de nacimiento sin firmas ni huellas dactilares obligatorias. Organizaciones civiles, como Digna Ochoa, denunciaron que estos documentos se vendían a migrantes por montos que oscilaban entre mil 500 y 2 mil 500 dólares.

Las autoridades estatales señalaron que las auditorías continúan y que no se descartan nuevas detenciones conforme avance la revisión de los registros civiles involucrados. El Código Penal Federal contempla penas de cuatro a ocho años de prisión por falsificación de documentos públicos, sanción que puede agravarse si el delito es cometido por servidores públicos.

Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que esta red de corrupción ha afectado gravemente a migrantes en situación de vulnerabilidad, quienes además de ser explotados económicamente, quedaron en riesgo jurídico al recibir documentos sin validez legal.