CIUDAD DE MÉXICO, 23 de mayo de 2019.- El Senado de la República recibió una sentencia para pagar la cantidad de tres millones 446 mil 77.17 pesos a un magistrado de nombre Juan Manuel Terán y Contreras, que no fue ratificado para un nuevo periodo de 10 años en el 2011.

La Presidencia de la Mesa Directiva que encabeza el senador de Morena, Martí Batres, instruyó a presentar un escrito ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y este miércoles admitió a revisar el tema para resolver el caso.

Por lado señaló que se pone en cuestión la facultad soberana del Senado de decidir si ratificar o no los nombramientos que envía en Ejecutivo y además se impone una sanción económica que no está presupuestada. 

Este asunto ha pasado por cuatro Legislaturas distintas, desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la actual de Andrés Manuel López Obrador. 

Originalmente hubo una propuesta para ratificar al Magistrado de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia Fiscal y Administrativo, sin embargo, la Cámara de Senadores, en ejercicio de sus atribuciones procedió a no reelegirlo.

  Terán y Contreras interpuso un juicio de amparo y a posteriores jurisdiccionales de revisión, de tal forma que el Poder Judicial, a través de sus órganos, ordenó en su momento al Senado a reconsiderar la ratificación. 

El senador de Morena consideró que la Cámara de Senadores estuvo defendiendo su postura y consideró que actuó de manera correcta a lo largo de estos litigios.  Ante los órganos del Poder Judicial que ordenaron reponer el procedimiento, se citó a comparecer al magistrado Juan Manuel Terán y Contreras para exponer sus puntos de vista ante las respectivas comisiones, sin embargo en dos ocasiones no asistió.

  Por la negativa del Senado de su no ratificación, acudió a instancias jurisdiccionales y se ordenó al Senado que aun sin comparecencias valorara el perfil del magistrado, pero llegó a la conclusión de no ratificar al quejoso. 

Ahora, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente es Germán Eduardo Baltazar Robles, resolvió a favor del magistrado y ordenó al Senado hacer el pago. 

La sentencia considera que hubo daños y perjuicios que se causaron al magistrado y a manera de indemnización calculada sobre la base de sueldos y prestaciones que dejaría de devengar en caso de no haber sido ratificado. 

En conferencia de prensa, aseguró que el magistrado en ningún momento dejó de cobrar y estuvo beneficiado por una subvención que le permitió seguir recibieron su sueldo como tal a lo largo de este proceso.