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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 28 de agosto 2026.-A más de un año de que el Congreso del Estado aprobara reformas para sancionar la violencia vicaria con penas de 5 a 8 años de prisión, el caso de Ana José Centeno Cautiño, de 30 años, demuestra que la ley aún no se aplica con la celeridad ni la perspectiva de género que las víctimas requieren.
Desde el 8 de agosto del año en curso, esta madre no ha podido ver a su hijo de un año y diez meses. Ese día, por acuerdo verbal, entregó al menor a su expareja, Roberto Rubio García, con el compromiso de que sería devuelto el 11 de agosto para una cita con la dermatóloga. Ese compromiso nunca se cumplió.
"Llega el día martes 11, él ya no me contesta, solamente me envía un mensaje diciéndome que cualquier tema del niño ya no lo va a ver conmigo y que busque a sus abogados", relata la joven en un testimonio que desnuda la planificación y el ensañamiento detrás del despojo.
La madre acudió a la Fiscalía de la Mujer y logró que el agresor se comprometiera a devolver al menor, pero el día pactado, el padre no se presentó. A través de su defensa legal, impuso condiciones: guarda y custodia compartida y la renuncia a cualquier pensión alimenticia.
"Se creó una serie de… O sea, lleva meses planeando esto, haciéndome ver a mí como que si yo los hubiera abandonado cuando en ningún momento fue así", denuncia Centeno Cautiño, quien además teme que las influencias políticas de su expareja —hijo del exdiputado y exfuncionario del PVEM Roberto Rubio Montejo— entorpezcan el proceso.
El caso de Ana José no es una excepción. En Chiapas, esta modalidad de violencia de género —que utiliza a los hijos e hijas como instrumento para dañar a la madre— ha alcanzado dimensiones alarmantes:
· 64 casos documentados se encuentran actualmente en procesos legales en la entidad.
· A nivel nacional, el 76% de las mujeres divorciadas han sufrido violencia vicaria, según el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.
· Entre enero y julio de 2026, se registraron 2 denuncias formales por este delito en Chiapas, en un contexto donde se reportaron 886 delitos totales contra mujeres en el mismo período.
· Activistas han documentado casos de madres que llevan más de cuatro años y hasta ocho años sin ver a sus hijos a causa de este tipo de despojo.
Ana José Centeno no busca privilegios, solo que se cumpla la ley y se garantice el interés superior del menor.
"Yo aquí no estoy buscando ninguna inclinación hacia ningún lado, yo solamente les pido que sean justos, que por favor no dejen que existan influencias políticas y que de verdad sea justicia tanto para mí como para mi hijo", concluyó la madre en un desesperado llamado a las autoridades.
La violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado. Y mientras una madre sea separada de su hijo o hija por la fuerza, el odio y el poder, la lucha sigue. Ni una menos. Ni un hijo o hija arrancado de los brazos de su madre.




