Opinión/José Luis Camacho Acevedo

El fiscal Zamarripa: Una disputa entre Guanajuato y la federación que tiene a la población en vilo.

Nuevamente desde el “estrado” de la mañanera, el presidente López Obrador pone el dedo en la llaga ante los malos resultados en materia de seguridad en el estado de Guanajuato.

Pero esta vez ya fue directo y tajante:

“Yo de manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad, soy el representante del Estado mexicano y tengo que atender a todos los mexicanos, gobierno para todos”. Cita Textual del mandatario.

Aunque claro, se vacunó inmediatamente con la advertencia de cajón: “Lo digo con todo el respeto a la autonomía e independencia del estado, que si no se toma en cuanta pues ese ya es otro asunto”.

Pero más allá de estas embestidas mediáticas o venciditas ideológicas, ¿Qué significa para la población guanajuatense esta discrepancia presidencial?

Lejos de enfrascarnos en el análisis inocuo de si tiene o no atribuciones, lo cierto es que mientras esté al frente de la fiscalía guanajuatense el sempiterno Carlos Zamarripa Aguirre, el gobierno federal se seguirá excusando de cualquier responsabilidad, toda vez que de acuerdo a la información que poseen, el problema está por demás diagnosticado: Guanajuato es el estado más violento del País por los choques entre grupos de la delincuencia organizada y encabeza la lista de homicidios con mil 545 en los primeros cinco meses del año y desde el 2009 (12 años ya) quienes están al frente de la seguridad han fracasado rotundamente en la encomienda.

Pero ¿Qué pensará de todo esto el gobernador guanajuatense Diego Sinhué Rodríguez? ¿Cuáles serán las razones de sostener a toda costa al fiscal y a su equipo reprobado?

En los próximos días veremos si el mandatario estatal insistirá en su necia postura o será esta la gran oportunidad de dar golpe de timón, presentar caras nuevas y una estrategia renovada para combatir la delincuencia y la inseguridad que azotan este estado del bajío.

Es magnífica ocasión para que el gobierno del estado aproveche la coyuntura y ponga a modo la relación con la presidencia de la República, un movimiento así le permnitirá obtener mayores apoyos y recursos extraordinarios ante esta lucha común.

No se le está pidiendo al gobernador que entregue la plaza o que renuncie a esta responsabilidad constitucional, sólo se sugiere un cambio urgente ante el evidente fracaso. Tampoco es el caso de que se le esté imponiendo a un personaje en particular, será el mismo Gobernador quien lo proponga, no parece ser mucho pedir, es absurdo y hasta insultante que no exista otro panista guanajuatense con la capacidad y probidad que demanda el cargo.

Sería lamentable que ganaran los egos y las ideologías y en esta pugna entre ámbitos de gobierno la sociedad guanajuatense siga condenada a vivir en peligro y con el miedo de no poder regresar a salvo a casa cada día.