Crisis del Agua en Puebla: SOAPAP denuncia déficit de 309 mdp

PUEBLA, Pue., 20 de marzo de 2026.- La comparecencia del titular de Agua de Puebla ante la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado se tornó en un ríspido careo, marcado por la revelación de un boquete financiero en las metas de infraestructura y la aplicación de sanciones administrativas.

En la sesión participó Josefina Morales Guerrero, nueva directora del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), quien lanzó duros cuestionamientos a Jordi Bosch Bragado, director general de la concesionaria, por el incumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno del Estado. Las cifras del incumplimiento El punto central de la disputa fue el Plan de Inversión 2022-2024, donde se detectaron las siguientes anomalías:

Déficit de inversión: La empresa dejó de ejercer 309.6 millones de pesos respecto a la meta obligatoria. Obras no autorizadas: Se detectaron inversiones por mil 004 millones de pesos en proyectos que carecían de la validación técnica del SOAPAP. Bajo ejercicio en 2025:

De los 252 millones comprometidos para el año pasado, la concesionaria solo aplicó 114 millones. Multas y quejas ciudadanas Ante estas irregularidades, Morales Guerrero confirmó que el SOAPAP ya inició procesos para aplicar multas que podrían alcanzar los 25 millones de pesos.

Estas sanciones derivan no solo de la falta de inversión, sino del incumplimiento en los indicadores de calidad del servicio.

Durante la ronda de preguntas, los diputados confrontaron a Bosch Bragado con reportes ciudadanos sobre el suministro de agua turbia en colonias del norte y sur de la capital.

La respuesta de la empresa fue calificada como insuficiente por los legisladores, quienes señalaron que la mala calidad del líquido es una queja recurrente que no ha sido atendida.

Críticas al formato Legisladores de oposición y algunos integrantes de la bancada de MORENA calificaron el ejercicio como una "simulación".

Aseguraron que el formato actual de las comparecencias limita la capacidad del Congreso para auditar a fondo a la concesionaria y exigir soluciones reales para los usuarios poblanos.