Chiapas: una de cada 3 personas depende de sistemas comunitarios de agua

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 3 de agosto 2026.- Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en Chiapas es técnicamente inviable si la nueva Ley de Aguas no reconoce ni fortalece a los sistemas comunitarios. Así lo advirtió la Alianza Aguas Comunes, al revelar que cerca de 2 millones de personas en el estado —una de cada tres— dependen parcial o enteramente de estos sistemas para acceder al recurso ante la falta de servicios públicos municipales en zonas rurales y periurbanas.

Con base en un análisis territorial realizado por RED+AGUA Chiapas —una coalición de 19 organizaciones que trabajan en agua y saneamiento en la entidad— a partir de microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, la organización expone la brecha entre las cifras oficiales y la realidad de los hogares chiapanecos.

Mientras los censos tradicionales (INEGI, 2020) reportaban una cobertura teórica del 89.4%, la ENIGH (2024) demuestra que solo el 47.3% de los hogares en Chiapas cuenta realmente con una toma domiciliaria. La situación se agrava al constatar que apenas el 41.2% de las viviendas en el estado recibe agua diariamente, una problemática que se agudiza en municipios rurales e indígenas donde la infraestructura pública es prácticamente inexistente.

Frente a esta realidad, son los propios vecinos, comités, patronatos, juntas y asambleas comunitarias quienes administran, operan, limpian y distribuyen el agua para sostener y resolver el acceso en comunidades donde las instituciones no han logrado garantizar el servicio. La Alianza remarcó que este esfuerzo colectivo histórico no puede continuar en el olvido institucional, sino que debe ser respaldado formalmente en la ley con presupuesto y fortalecimiento técnico, ya que es un actor clave.

“Los datos oficiales son contundentes: más de un tercio de la población de Chiapas tiene agua hoy gracias a la organización comunitaria. La nueva Ley de Aguas no puede ignorar esta realidad. No se trata de trasladar la responsabilidad pública a la gente, sino de construir una corresponsabilidad real donde el gobierno reconozca a los comités como aliados estratégicos con acompañamiento técnico, capacitación constante y acceso a financiamiento”, señalaron representantes de la Alianza.

Desde la experiencia colectiva de la Alianza Aguas Comunes, cuya labor ha beneficiado a más de 120,000 personas en el sureste del país, se enfatizó que el reconocimiento legal debe ir acompañado de herramientas concretas para no quedarse en el papel.

Para que la reforma de la Ley de Aguas sea efectiva, la Alianza plantea 5 pilares indispensables al Congreso y autoridades estatales:

1. Reconocimiento legal: asumir formalmente a los sistemas comunitarios como la estructura real que sostiene el servicio donde el municipio no ha logrado llegar.
2. Corresponsabilidad entre Estado y comunidades: construir mecanismos de coordinación donde el reconocimiento comunitario no se traduzca en desatención pública o cargas desproporcionadas a las comunidades, sino en un respaldo institucional sostenido.
3. Capacitación y asistencia técnica: dotar a los comités y patronatos de herramientas operativas, formación administrativa y acompañamiento técnico para la potabilización, mantenimiento de redes y protección de fuentes de agua, así como acceso a financiamiento para infraestructura y mantenimiento.
4. Mecanismos de coordinación municipal: crear vías permanentes de colaboración pública-comunitaria sin imponer trámites burocráticos, costosos o inaccesibles.
5. Registro simple y gratuito: implementar un registro accesible e integrado a los datos oficiales para identificar cuántos sistemas existen y dónde están, para acompañar y fortalecer a las organizaciones locales.

“La gestión comunitaria no sustituye al Estado; lo complementa y sostiene el acceso al agua en los territorios rurales y periurbanos. Reconocer el trabajo de los comités e invertir en su fortalecimiento es la única vía real para que Chiapas cumpla con el derecho humano al agua”, concluyeron.

La Alianza Aguas Comunes, integrada por 12 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en territorios rurales e indígenas del sur de México. Nuestro propósito es valorar, acompañar y fortalecer la gestión comunitaria del agua y el saneamiento: una forma de organización en la que las propias comunidades operan y administran sus sistemas de agua potable y saneamiento, garantizando el derecho humano al agua en territorios donde el Estado no ha logrado hacerlo.