CIUDAD DE MÉXICO, 12 de febrero de 2020.- El Poder Judicial de la Federación inició en el último año una seria transformación en el combate a la corrupción, el nepotismo y la impunidad, así como en la formación de un nuevo perfil de juzgador federal y la consolidación de un instituto federal de defensoría pública más eficiente y cercano a la gente, que sirva a los más pobres y necesitados. En inédita reunión entre Senadores de la República con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar la iniciativa, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que emprender una reforma estructural a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y lo debilitaría, en una coyuntura en que se requiere de una judicatura fuerte, independiente y legitimada. “Estamos convencidos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal no requieren una reforma estructural. Nuestra Constitución establece garantías que aseguran su autonomía e independencia, así como un sistema de distribución de funciones con vasos comunicantes, que ha permitido alcanzar un equilibrio institucional y una estabilidad no siempre fácil de conseguir”, subrayó el presidente máximo tribunal de justicia. El presidente Consejo de la Judicatura Federal aseguró que la propuesta de reforma que será remitida a la Cámara de Senadores a través del Ejecutivo federal, tiende a profundizar y consolidar la ruta que se ha trazado para lograr un Poder Judicial más fuerte, más independiente y sobre todo que imparta una justicia para todas las personas, con estándares de excelencia y honestidad. Agregó que los problemas de la justicia federal no están en el diseño institucional de sus órganos cúspide. “Tan es así, que con el marco jurídico vigente hemos logrado, en poco tiempo, cambios profundos que comienzan a ser visibles”, reiteró. La SCJN propone revolucionar el sistema de jurisprudencia en México para dotar de mayor coherencia, uniformidad y fuerza a la doctrina constitucional de la Suprema Corte. Se plantea que este Alto Tribunal avance a un sistema de precedentes en el que todas y cada una de sus sentencias tengan un impacto en la vida pública. En materia anticorrupción, se reforma todo el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar un proceso efectivo de investigación y sanción para los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Se le otorgan al Consejo facultades para dictar medidas cautelares que eviten que actos de corrupción causen más daños, hasta en tanto se concluyen las investigaciones correspondientes. Como una de las grandes deudas del Poder Judicial con las mujeres, el proyecto de reforma busca lograr la paridad de género y de proveer un entorno laboral igualitario. Se establece que el Poder Judicial incorporará la perspectiva de género de forma transversal y progresiva a todas sus decisiones y se adiciona a la paridad de género: como principio de la carrera judicial, como criterio de desempate en los concursos, y como política para el otorgamiento de nombramientos.