Reportan al menos 25 muertos tras operativo de Estados Unidos en Caracas

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 4 de enero de 2026.- El despliegue de las fuerzas especiales estadounidenses en la capital venezolana durante la jornada del 3 de enero dejó un saldo inicial de al menos 25 personas fallecidas. Entre las bajas confirmadas se encuentran 15 integrantes del Batallón de Seguridad Presidencial, cuerpo encargado de la custodia directa de Nicolás Maduro al momento de su captura por parte de las unidades de élite norteamericanas.

Los enfrentamientos y las incursiones tácticas derivaron en la muerte de jóvenes efectivos con distintos rangos dentro de la estructura militar. Adicionalmente, reportes preliminares indican que otras 6 personas perdieron la vida en diversas dependencias gubernamentales que fueron blanco de los ataques, lo que eleva la cifra de decesos vinculados directamente con los operativos de extracción y control territorial ejecutados en el Distrito Capital.

La cifra de fallecidos incluye a civiles que se encontraban en zonas aledañas a los puntos de conflicto. Entre las víctimas identificadas figuran Rosa González, de 70 años, residente del bloque 12 en Catia La Mar, y Johana Sierra, quien pereció en el sector El Volcán.

La identidad de estas mujeres se suma a la lista de decesos registrados durante las horas de mayor intensidad de la incursión militar extranjera en suelo venezolano. La situación en los centros asistenciales de la región capitalina es de alta presión debido a un flujo constante de heridos.

Al menos 90 personas ingresaron a diversos hospitales tras los bombardeos y tiroteos ocurridos en sectores estratégicos de Caracas y el estado La Guaira. El número total de lesionados permanece sin una cifra definitiva dada la complejidad de las comunicaciones y la naturaleza de las operaciones en curso. Hasta el momento, las instituciones oficiales de Venezuela han mantenido silencio respecto al conteo de víctimas, sin emitir boletines que confirmen o desmientan los datos recopilados por diversas fuentes en el terreno.

La falta de un pronunciamiento gubernamental formal mantiene la incertidumbre sobre el alcance real de las pérdidas humanas en las instalaciones militares y zonas residenciales afectadas.