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La representante del grupo "Mujeres Unidas" advierte que 400 familias viven en zozobra tras un ultimátum de desalojo y suspensión de labores en medio de la disputa territorial entre Chiapas y Oaxaca.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 13 de agosto 2026.– María del Rocío del Pino Flores, representante de las mujeres del ejido Gustavo Díaz Ordaz y del colectivo "Mujeres Unidas", denunció este jueves la grave crisis que enfrenta su comunidad debido al conflicto agrario que sostienen con pobladores de San Miguel Chimalapas, en el límite entre Chiapas y Oaxaca.
En entrevista, Del Pino Flores relató que el pasado 4 de agosto, un grupo de aproximadamente 400 personas provenientes de San Miguel llegó al ejido para notificarles un documento en el que les otorgan un plazo de 30 días para decidir si se convierten en comuneros o desalojan sus tierras. "Nos pusieron una suspensión de labores; no se puede salir a trabajar, está suspendido todo el trabajo de campo. Esa es la desesperación de la gente, porque no se está trabajando la siembra y ahorita es el tiempo del maíz", explicó.
La lideresa destacó que, pese a los acercamientos con el comisariado ejidal y las autoridades locales, hasta el momento no hay avances en la solución del conflicto. Subrayó que la incertidumbre ha generado un clima de angustia entre los habitantes, quienes dependen del campo para su sustento. "Tenemos familia, tenemos el patrimonio ahí, todo lo que tenemos es a base de trabajo y esfuerzo, y no lo queremos perder así nada más", afirmó.
Sobre la situación legal del territorio, Del Pino Flores señaló que, aunque existe un fallo de la Corte que podría definir la pertenencia de la franja en disputa, el gobierno no ha dado información oficial. "Si legalmente pertenece a Oaxaca, esperamos que el gobierno nos haga llegar el documento y nos traslade a Oaxaca, pero a Oaxaca, no a San Miguel", declaró.
Añadió que los documentos del ejido están registrados ante el Registro Agrario Nacional a nombre de Cintalapa, Chiapas, y que no hay un expediente que los acredite como parte de Oaxaca. "Todo está a Cintalapa, no tenemos algo legal que diga que sí somos de Oaxaca. Todo por falta de notificaciones del gobierno", lamentó.
Ante la falta de representación y asesoría, las mujeres del ejido han decidido organizarse por cuenta propia. "Nadie nos está representando, nadie nos está asesorando. Andamos luchando por nuestros propios recursos, porque es una desesperación no poder vivir tranquilo, no poder dormir con la incertidumbre de amenazas con palos y machetes", expresó.
María del Rocío hizo un llamado urgente al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y a las autoridades federales para que refuercen la seguridad en la zona. Señaló que, aunque la Guardia Nacional, la policía estatal y la Sedena llegaron al lugar, la Guardia se retiró a los dos días y solo permanecen unos 20 elementos estatales, insuficientes frente a los grupos de 500 a 600 personas que, según denunció, han llegado armadas. "Pedimos seguridad, que refuercen la zona, que manden más policía, Sedena o Guardia Nacional. 20 soldados es poco", insistió.
La representante de "Mujeres Unidas" recordó que el conflicto se arrastra desde hace aproximadamente 50 años y que su propio padre, quien fue comisariado ejidal, luchó por la defensa del territorio. "Él anduvo en esta lucha, no se logró nada hasta ahorita, y a mí me toca seguir porque lo que él dejó es de nosotros", afirmó.
Del Pino Flores subrayó que los habitantes del ejido están decididos a resistir. "No tenemos a dónde ir si salimos corriendo; somos campesinos, trabajamos la tierra y no tenemos casa en la ciudad. La única opción es defender hasta donde podamos", sentenció.
Finalmente, advirtió que, si el gobierno no actúa, la comunidad hará responsable a las autoridades de cualquier incidente. "Estamos dispuestos a responder como venga, porque no vamos a perder lo que hemos hecho con esfuerzo", concluyó.
El ejido Gustavo Díaz Ordaz alberga a unas 400 personas, de las cuales entre 100 y 200 son jefes de familia, y se encuentra en el municipio de Cintalapa, Chiapas, en la zona de conflicto con los Chimalapas. Hasta el cierre de esta edición, ni el gobierno estatal ni el federal habían emitido una respuesta oficial a las demandas de la comunidad.




