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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 7 de agosto 2026.-La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez ha denunciado públicamente un allanamiento ilegal y violento perpetrado por presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las instalaciones de la Casa del Migrante "Jesús Esperanza en el Camino", un espacio destinado al refugio y atención de personas en movilidad.
El hecho ocurrió la noche del pasado jueves alrededor de las 22:00 horas, cuando supuestos elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial irrumpieron en el inmueble sin presentar una orden de cateo.

De acuerdo con el comunicado oficial, los agentes derribaron la puerta principal a pesar de que el encargado del albergue se ofreció a abrirles. Durante el operativo, fue detenido y sustraído del lugar un ciudadano de origen guatemalteco, quien se encontraba en compañía de su familia, incluyendo una menor de edad.
Condena y responsabilidades
La Arquidiócesis, a través del Presbítero Gilberto Hernández García, asesor de la Comisión Diocesana para la Tarea Social, condenó enérgicamente lo ocurrido, calificándolo como una grave violación a los derechos humanos y a los protocolos internacionales de protección a migrantes y albergues religiosos.

"Este espacio, destinado exclusivamente al amparo humanitario, vio violada su integridad institucional. La actuación arbitraria de este grupo no solo vulneró el espacio físico de la iglesia, sino que puso en riesgo la integridad física y emocional de las personas migrantes albergadas y del equipo de voluntarios", señala el pronunciamiento.
La Iglesia señala directamente como responsables a los elementos operativos de la Policía Ministerial por el uso desmedido de la fuerza y la falta de una orden judicial, así como a la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial.

Exigencias y llamado a la sociedad
Ante la gravedad de los hechos, la Arquidiócesis exige:
· Apertura de una carpeta de investigación a la FGE para deslindar responsabilidades.
· Medidas cautelares urgentes a la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos (CNDH y CEDH) para salvaguardar la vida e integridad de los migrantes y defensores.
· Reparación inmediata de los daños materiales y atención psicoemocional para los afectados.
· Cese al hostigamiento a la labor humanitaria y garantías de no repetición por parte del Ejecutivo Estatal.

"La caridad, la fe y la defensa de la dignidad humana no son un delito", enfatiza el comunicado, haciendo un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las iglesias a alzar la voz contra estos abusos de poder.
Testigos presenciales relataron que los agentes buscaban un celular como prueba y se llevaron el chip de la cámara de seguridad del inmueble. La persona detenida, de origen guatemalteco, había llegado al albergue el día anterior junto con su esposa e hija, por lo que no se tenía conocimiento de un historial penal en su contra.
La Arquidiócesis confirmó que hará llegar una nota de inconformidad al gobernador del Estado y reiteró su compromiso de continuar con su labor de refugio y defensa de los derechos humanos de los migrantes, a pesar de las adversidades.





