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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 22 de Octubre 2026.-Lysette Raquel Lameiro Camacho presentó su renuncia como directora del Instituto de Administración Pública (IAP) de Chiapas, luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara presuntos vínculos comerciales suyos con una empresa relacionada con una red de negocios sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Tras darse a conocer la investigación, Lameiro confirmó que le solicitaron separarse del cargo y calificó los señalamientos periodísticos como “calumnias y difamaciones” sin sustento moral ni legal. En un posicionamiento difundido en redes sociales, sostuvo que no ha cometido delito alguno ni participado en actividades ilícitas que comprometan su integridad o su desempeño en el servicio público.
La investigación periodística señala la participación de Lameiro en The Woods Bar, también identificado como The Woodsburn, establecimiento en el que habría figurado como socia fundadora desde noviembre de 2020.
De acuerdo con los datos difundidos, la estructura accionaria del negocio habría cambiado con el tiempo, aunque Lameiro y su hermano presuntamente conservaron una participación minoritaria. Los porcentajes reportados en la información disponible presentan diferencias, por lo que deberán verificarse con los documentos corporativos correspondientes.
El caso cobró relevancia después de que, el 29 de septiembre de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, anunciara sanciones contra personas y entidades señaladas por presuntos vínculos con una red criminal relacionada con el Cártel de Sinaloa.
En su respuesta pública, la ahora exdirectora rechazó las imputaciones y cuestionó que la publicación de los señalamientos derivara en la solicitud de su renuncia.

Lameiro calificó como injustificada su separación del puesto y defendió su integridad personal y profesional. En la carta con la que formalizó su salida también recurrió a referencias filosóficas para expresar su postura ante lo que considera acusaciones infundadas.
La inclusión de una empresa en las sanciones de la OFAC no representa, por sí misma, una acusación penal directa ni una sentencia de culpabilidad contra todos sus socios, actuales o anteriores.
Hasta contar con información judicial que acredite lo contrario, los señalamientos contra Lameiro deben tratarse como presuntos vínculos empresariales y no como prueba de que haya participado personalmente en operaciones de lavado de dinero.
La renuncia coloca bajo atención pública la relación entre las actividades empresariales de quienes ocupan cargos directivos en instituciones vinculadas con la administración pública y los mecanismos de supervisión que deben garantizar transparencia y rendición de cuentas.





