Priscila exige justicia y pide investigar posible feminicidio en Chiapilla

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 22 de Octubre 2926.-Entre el duelo por la pérdida de una madre y la incertidumbre sobre las circunstancias de su muerte, familiares y amigos se preparan para sepultar a Priscila, de 40 años, cuyo fallecimiento es señalado por sus seres queridos como un presunto feminicidio ocurrido el 19 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, en Chiapilla.

La despedida está marcada por una exigencia: que las autoridades esclarezcan lo sucedido y determinen, con base en las pruebas, si el caso debe investigarse y tipificarse como feminicidio. Para la familia, el sepelio no representa el cierre de la historia, sino el comienzo de una búsqueda de respuestas que, aseguran, todavía no han obtenido.

Bella Esmeralda Constantino Hernández, hija de la víctima, hizo pública su inconformidad con el desarrollo de las investigaciones y pidió la intervención del gobernador y de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se garantice el acceso a la justicia.

De acuerdo con su testimonio, su padre, Jeremías Guadalupe Constantino Mazariegos, es señalado como presunto responsable. Bella sostiene que existen elementos que deben ser considerados por las autoridades y manifestó su temor de que el hombre recupere su libertad sin que se hayan esclarecido plenamente los hechos. La responsabilidad penal deberá determinarse mediante las investigaciones y los procedimientos correspondientes.

La joven también denunció presuntas irregularidades durante las diligencias ante la Fiscalía y aseguró que ella y otros familiares fueron seguidos después de acudir a las instalaciones ministeriales. Por ese motivo, expresó preocupación por la seguridad de su familia y pidió que se atiendan sus señalamientos.

Otro de los reclamos tiene que ver con la información sobre el fallecimiento. La familia manifestó que enfrentó dificultades para conocer la causa oficial de la muerte y que necesita respuestas claras sobre las circunstancias en las que ocurrió. Hasta que las autoridades documenten los resultados de las diligencias, no es posible establecer de manera independiente todos los detalles del caso.

La exigencia de la familia ocurre en un año en el que las estadísticas sobre violencia feminicida en Chiapas han encendido alertas. Un reporte publicado del CEIEG y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó que la entidad acumuló 50 casos de feminicidio entre enero y agosto de 2026, incluidas tentativas. El medio reportó que la cifra superó los registros de años completos desde 2021, aunque advirtió que la metodología no permite comparar directamente todos los periodos sin considerar las diferencias de clasificación.

Por otra parte, los datos municipales del SESNSP correspondientes a enero-septiembre, publicados por el mismo medio, contabilizaron 28 carpetas por feminicidio consumado y 23 por tentativa en Chiapas. Tapachula concentró cinco carpetas por feminicidio consumado, frente a una en el mismo periodo de 2025, mientras que Tuxtla Gutiérrez registró tres. Estas cifras corresponden a investigaciones iniciadas, no necesariamente a sentencias judiciales.

En septiembre, la Asamblea de Mujeres Tuxtla también difundió un recuento de 47 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas violentamente durante 2026, integrado por 29 casos clasificados como feminicidios y 18 como homicidios dolosos de mujeres. Entre los casos que mencionó se encontraban los de tres adolescentes: Clara, de 16 años, en Comitán; Elizabeth, también de 16, en El Bosque, y Lizbeth, de 12 años, en Tuxtla Gutiérrez.

La organización exigió investigaciones con perspectiva de género y sin revictimización.

En el caso de Priscila, sus familiares piden que las autoridades no descarten ninguna línea de investigación y que la clasificación jurídica de los hechos se determine con base en las pruebas y los protocolos aplicables. La petición incluye conocer la causa del fallecimiento, aclarar las circunstancias previas a la muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Para Bella, la pérdida de su madre está acompañada por la obligación de exigir respuestas. En sus declaraciones, ha cuestionado la falta de avances que percibe y pidió que el caso no sea tratado únicamente como un conflicto personal o pasional.
La familia también reclama condiciones de seguridad para quienes han denunciado presuntas irregularidades. Sus señalamientos deberán ser atendidos por las instancias competentes y verificados mediante las investigaciones correspondientes.

Mientras se despiden de Priscila y se preparan para sepultarla, sus seres queridos insisten en que el caso no quede en el olvido. Su demanda es que la muerte sea esclarecida, que se investigue con perspectiva de género y que, si las pruebas acreditan el delito de feminicidio, se proceda conforme a la ley.

El último adiós ocurre así entre el duelo y la exigencia pública de justicia: la familia busca despedir a Priscila sin renunciar a conocer la verdad sobre su muerte.