Mas de 25 perros muertos en Chiapas; vecinos exigen investigar los hechos

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 30 de Octubre 2026.-La muerte de más de 25 perros en la colonia Joaquín Miguel Gutiérrez —conocida como Las Margaritas en el municipio de Pijijiapan — ha encendido las alertas de sus habitantes, quienes sospechan un envenenamiento masivo intencional y exigen a las autoridades municipales y estatales una investigación que no se limite a retirar los cuerpos, sino que identifique a los responsables y aplique las sanciones que marca la ley.

A diferencia de un reporte inicial que hablaba de “más de 20” animales, versiones posteriores de vecinos y medios locales elevaron la cifra a más de 25, aunque ninguna autoridad ha confirmado un conteo oficial. Entre las víctimas hay perros con propietario y también perros comunitarios —aquellos que, sin dueño formal, son alimentados y cuidados por los vecinos—, lo que ha profundizado la indignación en la comunidad.

Los testimonios recogidos apuntan a que alguien habría colocado veneno en comida y lo distribuyó de forma deliberada en distintos puntos de la colonia, incluido un parque. Hasta el momento no se ha identificado públicamente a ningún sospechoso, y el presunto envenenamiento no ha sido confirmado oficialmente por la Fiscalía ni por el Ayuntamiento.

Ante la falta de una respuesta institucional inmediata, los propios vecinos se organizaron para recoger los cuerpos y darles sepultura, una decisión comprensible en lo humano pero que, advierten especialistas, puede dificultar la investigación forense. La asociación civil Huellas Chiapas ha insistido en que, cuando se hallan animales con signos de envenenamiento, no se deben disponer de los cuerpos de inmediato: es necesario acudir al Ministerio Público con las evidencias disponibles para que la Fiscalía Ambiental pueda revisar cámaras de videovigilancia e identificar a los responsables.

El caso de Pijijiapan no es un hecho aislado.

En Chiapas, el envenenamiento de perros —especialmente de perros comunitarios— es una práctica recurrente en municipios como Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y ahora Pijijiapan.

Desde junio de 2023 está vigente una legislación estatal que penaliza la crueldad extrema contra los animales, con penas de seis a 12 meses de prisión y multas de 50 a 100 UMA cuando se causa maltrato o crueldad; si el daño deriva en una afectación permanente, la pena puede escalar a 12 a 24 meses y multas de 200 a 400 UMA. Sin embargo, uno de los principales obstáculos para aplicar estas sanciones es la falta de denuncias formales: en muchos casos la ciudadanía sepulta a los animales o se limita a compartir fotografías en redes sociales, lo que impide que las autoridades inicien una carpeta de investigación.

El riesgo no es solo para los animales. Los vecinos han advertido que la comida envenenada permanece en espacios públicos a los que tienen acceso niñas, niños y personas en situación de calle, por lo que temen una intoxicación accidental. En otros casos similares en Chiapas, los envenenadores han utilizado pan o tortillas contaminadas, alimentos de uso cotidiano que cualquier menor podría levantar y llevarse a la boca.

Hasta el cierre de esta nota, ni el Ayuntamiento de Pijijiapan ni la Fiscalía General del Estado habían emitido un pronunciamiento público sobre el caso. Los habitantes exigen que las muertes no queden impunes, que se esclarezcan las causas y que se implementen medidas para evitar que más animales —y personas— sean víctimas de esta práctica.