ERA inaugura el Sendero Extraordinario “Pañuelo Rojo” en el Cañón del Sumidero
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 26 de junio 2026.-Han pasado más de doce meses desde que el Congreso local reformó el Código Penal para castigar el maltrato animal con hasta cinco años de prisión, pero en la práctica, la ley no ha logrado su primer encarcelamiento. Activistas y rescatistas de Chiapas coinciden en que el sistema judicial ha fallado al no ejecutar las sanciones, lo que ha convertido la reforma en un avance meramente simbólico.
De acuerdo con los testimonios recabados, la Fiscalía de Delitos Ambientales ha canalizado al menos una decena de denuncias y ha conseguido órdenes de captura contra presuntos agresores. Sin embargo, en todos los casos, los jueces han resuelto que los señalados enfrenten el proceso en libertad, una decisión que, según los protectores de animales, desincentiva la denuncia ciudadana y normaliza la violencia contra las mascotas.
La magnitud del problema es innegable.
Datos del Inegi revelan que cerca del 70 % de los hogares mexicanos tienen una mascota, lo que representa más de 43 millones de viviendas. En Chiapas, miles de familias comparten su vida con perros y gatos, pero también son testigos de cómo el abandono y la sobrepoblación desbordan a los refugios y asociaciones civiles, que operan con presupuestos mínimos y voluntarios.
Especialistas calculan que en el país viven más de 80 millones de perros y gatos, una cifra que evidencia que las penas, por sí mismas, no bastan. Para organizaciones como Huellas Chiapas A.C., es urgente que las autoridades no solo castiguen, sino que implementen campañas de esterilización, tenencia responsable y educación, pues de lo contrario, la ley seguirá siendo un papel sin fuerza.
Mientras los agresores continúan en libertad y los expedientes se acumulan, los rescatistas lanzan un mensaje claro: la impunidad no puede ser la respuesta a un delito que lastima a quien no tiene voz. La justicia para los animales en Chiapas aún está pendiente.