Grupos armados controlan territorio Chalchihuitán-Chenalhó: Frayba

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., a 7 de diciembre del 2017.-El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAYBA, urgió que se implementen medidas cautelares que protejan la vida de la población ante amenazas drásticas de los agresores por el conflicto territorial entre Chenalhó y Chalchihuitán.

En un comunicado expone “manifestamos nuestra preocupación por el continuo riesgo a la vida, integridad y seguridad de la población de las comunidades de Chenalhó y Chalchihuitán, así como de las personas que transitan por la región y en especial, la falta de atención eficaz por parte del gobierno de Chiapas ante la emergencia humanitaria por desplazamientos masivos.

Testimonios directos nos documentan la aquiescencia del Estado mexicano ante la presencia de grupos armados que controlan el territorio en los Altos de Chiapas. El gobierno de Chiapas es responsable de graves violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada, en una zona de histórica impunidad y protección estatal a paramilitares, ha sido inoperante para disuadir las agresiones y las instancias de impartición de justicia no han actuado. Esta situación escala en niveles de conflictividad en otras regiones.

El estado de sitio a las comunidades de Chalchihuitán se mantiene y agrava, como una forma de control de la población y el territorio basado en infundir terror, con la protección de la alcaldesa de Chenalhó Rosa Pérez Pérez y la omisión del gobierno de Chiapas. La situación de emergencia se acentúa con la amenaza de “actuar drásticamente en contra de los comuneros de Chalchihuitán” en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, el día 15 de diciembre”; como lo refiere el acta de acuerdo, firmado por las autoridades de Bienes Comunales de San Pedro Chenalhó y por el Consejo de Vigilancia, así como por los presidentes del Comisariado Ejidales de Puebla, Manuel Utrilla, Santa Martha que conforman 19 comunidades, La Libertad y Miguel Utrilla Los Chorros, de fecha 5 de diciembre de 2017.

El día 5 de diciembre recibimos información de la detención de habitantes de Chalchihuitán, por parte de personas armadas que destruyeron la carretera principal a mencionada cabecera municipal e impiden el acceso. Un día antes se alertaba de la desesperación por la persistencia de la incomunicación que ha provocado desabasto en las comunidades y de manera preocupante obstaculiza la ayuda humanitaria a las 5 023 desplazadas y desplazados quienes sobreviven a la intemperie, en campamentos improvisados de techos de plástico, durmiendo en las montañas, con miedo y falta de medidas de seguridad para retornar a sus casas.

En notas periodísticas del 6 de diciembre se publicó la retención de al menos cinco funcionarios públicos delegados del Sistema Estatal de Protección Civil, por personas armadas de Chenalhó, desde las 18 horas del 5 de diciembre, en Las Limas1. Lo anterior contraviene lo difundido por el gobierno del Estado como acuerdo entre las partes y del compromiso de retirar el bloqueo como muestra de buena voluntad. Además evidencia el poder que tiene el grupo que arriesga la vida, integridad y seguridad de la población de Chalchihuitán – Chenalhó y de quienes se trasladan por la región.

Fotos publicadas por prensa nacional y testimonios directos dan cuenta de personas armadas y cubiertas del rostro. La presencia del Ejército mexicano y Policía del Estado no ha sido disuasiva, no hay iniciativas de desarme ni de accionar medidas directas de protección a la población y salvaguardar garantías de libre tránsito.

Lo anterior evidencia que la firma del Convenio de Paz entre los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán, es ineficaz y fue sólo una estrategia mediática, que no resuelve el conflicto ni da atención prioritaria ante la emergencia por el desplazamiento forzado masivo de población.

Las brigadas de ayuda humanitaria del gobierno de Chiapas son una burla a la dignidad, llegaron de entrada por salida, sin medicamentos, sólo a la cabecera municipal y no a los campamentos en desplazamiento forzado pidiendo a la población vulnerada se trasladara para ser atendida. Nos preocupa la situación específica en que se encuentran mujeres, niñas, niños y ancianas, ancianos quienes por su condición son más vulnerables.

El día 4 de diciembre, una comisión de representantes de desplazados fueron retenidos en la entrada de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas violentando su derecho de libre manifestación y expresión al impedirles un acto de protesta en el Palacio de Gobierno de esta ciudad. Su demanda es resolución real del conflicto y atención urgente a la población en desplazamiento forzado.

Insistimos que la violación a los derechos a la vida, seguridad e integridad personal derivados de estos desplazamientos forzados es responsabilidad del Estado mexicano al no haber resuelto de fondo el conflicto de límites territoriales (900 hectáreas) existentes entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, que desde el año 1973 inició con los trabajos de reconocimiento y titulación de los bienes comunales de ambos pueblos por parte de la extinta Secretaría de la Reforma Agraria, actualmente convertida en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Al realizar las mediciones, no se tomaron en cuenta los límites que ambos pueblos venían respetando: el río como límite natural.

A raíz de ello, contribuyó a la administración del conflicto y al escalamiento de la conflictividad por las tensiones entre ambos pueblos, situación que se llevó ante el tribunal agrario, y que no ha resuelto la conflictividad, ya que se siguen suscitando robos, destrucciones de cultivo, invasiones de tierra e incluso dos asesinatos. Y actualmente el desplazamiento forzado de 5023 personas de Chalchihuitán y más de 900 personas desplazadas de Chenalhó.

Es importante señalar que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a dar respuesta integral a la crisis de desplazamiento interno forzado en Chiapas y resaltó la obligación del Estado mexicano “de crear las condiciones y proporcionar los medios que permitan a los desplazados internos indígenas el retorno voluntario, con seguridad y dignidad”.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para suscribir la acción urgente: Alto al fuego: