Frayba denuncia 15 años de tortura e injusticia: Exige Libertad para migrante

Por Argenis Esquipulas

SAN CRISÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 4 de diciembre de 2025.— Organizaciones de derechos humanos volvieron a poner bajo escrutinio al sistema judicial chiapaneco tras denunciar que, pese a haber sido absuelto recientemente de un cargo de homicidio, el migrante hondureño Osmán Iván Rubio Bonilla continúa recluido en el penal de Tapachula, casi quince años después de su detención bajo lo que califican como un entramado de tortura, fabricación de pruebas y omisiones institucionales.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) exigieron al Poder Judicial de Chiapas que revierta lo que describen como “violaciones sistemáticas” en el caso y ordene la liberación inmediata de Rubio Bonilla, a quien consideran un “sobreviviente de tortura” criminalizado por la Fiscalía General del Estado a través de tres expedientes

distintos.

Aunque el hondureño fue exonerado del delito de homicidio el 4 de noviembre, luego de más de 14 años de litigio, su liberación no se ha concretado debido a que continúan abiertas otras carpetas de investigación por delitos presuntamente cometidos bajo coerción.

De acuerdo con la documentación de ambas organizaciones, Rubio Bonilla fue detenido el 2 de mayo de 2011 en Huixtla durante un operativo conjunto de policías municipales y estatales. No existía orden de aprehensión y las circunstancias apuntan a una detención arbitraria, aseguran.

El propio Rubio Bonilla relató que durante su captura fue vendado, amarrado, golpeado, asfixiado con agua, sometido a choques eléctricos y agresiones psicológicas, hasta autoinculparse en delitos que, según los defensores, nunca cometió. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó en 2020 la existencia de lesiones compatibles con tortura y emitió la Recomendación 013/2020-R, rechazada por las autoridades estatales.

Los tres expedientes que aún pesan sobre él comparten un mismo origen: declaraciones recabadas bajo coacción.

Entre ellos destacan:

• Privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y delincuencia organizada (causa 177/2023): permanece en etapa de instrucción desde hace más de 13 años, sin sentencia.
• Homicidio calificado (423/2023): sentencia de 2023 basada en confesiones y testimonios que no lo señalan directamente; la resolución fue revocada en 2024 para investigar la tortura denunciada. Fue finalmente absuelto el 4 de noviembre de 2025.
• Portación de arma de fuego: causa federal por la que fue exonerado desde 2014.

Frayba y OMCT aseguran que la investigación está plagada de contradicciones policiales, peritajes manipulados, omisiones ministeriales y fabricación de pruebas. Incluso la CEDH constató que la detención no ocurrió en el lugar donde supuestamente se cometió el secuestro que se le atribuye y que nunca hubo identificación directa por parte del denunciante.

Además de las irregularidades procesales, las organizaciones señalan que Rubio Bonilla ha enfrentado discriminación por su condición de migrante, ausencia de asistencia consular y retrasos injustificados que lo mantienen en una prisión preventiva que, sostienen, viola estándares internacionales.

En agosto de 2024, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, registrada en abril de 2025, que permanece pendiente de resolución.

Para Frayba y OMCT, el encarcelamiento prolongado del hondureño es un símbolo de la violencia estructural y del racismo presentes en el sistema de justicia mexicano. “Su libertad no es un favor: es un derecho arrebatado por la tortura y la arbitrariedad”, señalaron.

Las agrupaciones reiteraron su demanda de liberar de inmediato a Rubio Bonilla y de abrir una investigación exhaustiva e imparcial sobre la tortura que denuncia. Cada día que pasa preso, advierten, prolonga la impunidad y reafirma un patrón de abusos que afecta especialmente a personas migrantes y en situación de vulnerabilidad.