Cumplen tribunales ocho meses cerrados

TAPACHULA, Chis., 28 de noviembre de 2020.- Desde el mes de marzo, hace ocho meses exactamente, los abogados del estado de Chiapas, no han podido tener acceso a la justicia

Es una obligación del estado garantizar que sea pronta y expedita para lo cual estarán los tribunales establecidos y lamentablemente están cerrados a raíz de la emergencia nacional, explicó, Edgar Torreblanca, presidente de la Barra de Abogados del Estado de Chiapas

El jurista, añadió que no entienden porque los bares, cantinas y discotecas si están abiertas, “ comprendemos que también tienen derecho al trabajo, pero también el gobierno ponga a la vista en los abogados que no tienen trabajo, porque de que sirve que pongan una ventanilla que reciba una demanda si la van a radicar hasta el mes de enero por lo que no sirve de nada.

Lamentablemente en la Costa, hay un rezago y los tribunales no se dan abasto “solo hay dos tribunales, tres juzgados familiares antes y ahora con la contingencia cerrados”.

Apuntó que si el estado reconociera que el pueblo tuviera un acceso directo a la justicia gratuita con celeridad, prontitud, economía y que se centrarán en el proceso se evitarían grandes males.

En Tapachula, hay cuatro agrupaciones legalmente constituidas, La Barra de Abogados del Estado de Chiapas, El Colegio de Abogados, Asociación de Abogados, Frente Liberal de Abogados de Tapachula, es bastante el número de juristas que no cuentan con alguna actividad.

“Señor, gobernador, también tenemos hijos que están estudiando, personal que depende de los procuradores en los despachos, porque los tribunales están cerrados”.

Enfatizó que los tribunales están cerrados, si la junta de conciliación esta serrado, el 18 arrancaba el centro estatal de conciliación y registro laboral, por lo que a la fecha no hay actividades, los juzgados familiares son los de excepción, quienes están recibiendo en los casos graves que ameriten la intervención del tribunal para decretar algunas medidas provisiones y precautorias, por lo que también se debe considerar el aspecto mercantil, penal, administrativo, laboral y civil, por lo dijo que el estado se ha tardado para abrir los tribunales y ponerlos a trabajar.

Recordó que una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de agresión, física, psicológica o de ambos géneros por lo dijo que es alarmante el número creciente de víctimas que hay en donde lamentablemente el silencio y la estigmatización y la impunidad de los perpetradores se han quedado al descubierto ante un sistema legal que únicamente ha visto el incremento de la pena, pero no ha visto, no ha tomado en cuenta las medidas de la pena, una cultura de la denuncia y la igualdad de las partes.

Consideró que lamentablemente los índices de violencia familiar se han incrementado hasta un 70 % durante esta pandemia, “muchas personas se han quedado sin empleo, lo que, dejado de pagar, internet, renta, servicios de agua, energía eléctrica, colegiaturas, estos gastos no los reconoce”.

Enfatizó que en Chiapas, se ha vulnerado la garantía individual que consagra el Artículo 5º de la Constitución el cual claramente establece “que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente sea útil, el estado tiene la obligación de proveer las condiciones necesarias para que ese trabajo se realice”.

Finalmente, hizo un llamado al presidente de México, voltear su mirada al sureste de México, donde las condiciones económicas están mal y no se brinda una solución inmediata para los abogados.