Chiapas frente al desafío del desplazamiento interno

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de marzo de 2026.— El desplazamiento interno forzado se ha consolidado como una de las crisis humanitarias más graves en Chiapas, donde más de 15 mil personas han abandonado sus hogares en los últimos años debido a la violencia, la intolerancia religiosa y los desastres socioambientales.

En este contexto, el Congreso del Estado recibió el pasado 18 de marzo una iniciativa de Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, enviada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. El proyecto plantea una política integral con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad, además de la creación de mecanismos como un registro estatal de personas desplazadas y planes de atención emergente.

La propuesta llega en medio de un escenario crítico. Informes de organizaciones civiles señalan que municipios como Pantelhó, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Tila y Chenalhó han registrado desplazamientos masivos, impulsados principalmente por la disputa del crimen organizado por el control territorial en la frontera con Guatemala.

A esta violencia se suman factores históricos como la intolerancia religiosa —que coloca a Chiapas en el primer lugar nacional en este tipo de desplazamiento— y fenómenos climáticos que han obligado a comunidades enteras a reubicarse.

El impacto es particularmente severo en niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan riesgos de desprotección, interrupción educativa y violencia. Asimismo, mujeres desplazadas padecen condiciones de vulnerabilidad agravadas por la falta de acceso a servicios de salud y seguridad.

Aunque Chiapas cuenta con una ley en la materia desde 2012, especialistas coinciden en que su aplicación ha sido limitada. La nueva iniciativa representa, en ese sentido, un intento por actualizar y fortalecer la respuesta institucional frente a un fenómeno que continúa creciendo.

Mientras el Congreso analiza la propuesta, miles de familias permanecen fuera de sus comunidades, a la espera de soluciones efectivas. La magnitud del desplazamiento en la entidad evidencia no solo una crisis vigente, sino una problemática estructural que aún no ha encontrado respuesta definitiva.