Cacique panista, ordena desmantelar campamentos de desplazados en Chiapas

María de Jesús Peters

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis., a 30 de enero de 2019.- Más de un millar de indígenas desplazados de sus comunidades por un conflicto de tierras del municipio de Chachihuitán, continúan en tensión ante disparos de grupos armados de Chenalhó y amenazas de las autoridades locales de desarraigarlos de sus comunidades.

Roberto Girón Pérez, del Comité de Desplazados Forzados Interno de Chalchihuitán, dijo que los disparos no han cesado desde el pasado 18 de octubre del 2017, cuando el grupo armado irrumpió en las comunidades, provocando que más de 5 mil tzotziles huyeran al bosque.

Por estos hechos, 10 personas, entre niños y adultos mayores perdieron la vida por la falta de comida, frío y enfermedades; y una más asesinada a balazos.

Abundó que la situación ha sido difícil para las mil 237 personas, de las cuales 350 son hombres, 360 mujeres y 523 niños y niñas que a principios del 2018 fueron obligados a abandonar los campamentos y regresar a sus comunidades a pesar de la presencia del grupo armado; ya que sufren por la falta de comida debido a que no pueden cultivar su alimento, ni cuentan con ayuda humanitaria.

Refirió que la falta de apoyo de las tres instancias de gobierno, los obligó a organizarse con sus padres, esposas e hijos y formar un comité; provocando el enojo del síndico municipal, Hermelindo García Nuñez, quien pretende que en Chalchihuitán ya no haya ese concepto de desplazados.

“No podemos regresar a nuestras viviendas ni trabajar nuestras tierras, algunos rentaron casas o se fueron a vivir con familiares; no pueden decir nuestras autoridades que ya no hay desplazados”, aseveró Girón Pérez.

El indígena dijo que actualmente viven una situación tensa por los disparos que realiza el grupo armado de Chenalhó que reclama 34 hectáreas de tierras comunales; a las comunidades de Canalumtic, Chenmut, Pom y Tulantic; además de las amenazas del síndico de extracción panista de colgar, quemar vivos o encarcelar a quienes sigan diciendo que son desplazados.

Marcos Pérez Gómez, también integrante del comité de desplazados; dijo que los grupos armados operan y actúan impunemente, ante la indiferencia de las autoridades de resolver el conflicto agrario.

VIVIMOS SOLOS CON NUESTROS MIEDOS

Rufina Pérez Pérez, es una indígena tzotzil de las pocas que entienden y hablan español; dice que desde el 18 de octubre del 2017, las mujeres no viven felices por los disparos de armas de fuego, por lo que, tienen que correr con sus hijos a esconderse al monte.

En este campamento, ubicado en la comunidad de Pom, donde indígenas se resguardaron por varios meses luego que la iglesia católica los sacó del monte y agrupó; la mujer exige al gobierno del estado y federal el desarme de los grupos armados que les disparan todos los días.

“En las noches no dormimos en nuestras casas, salimos a escondernos al monte con nuestros hijos porque hay disparos; y en el día, sólo llegamos a preparar el alimento”, explica la mujer ante medio centenar de indígenas.

“No hemos podido trabajar en nuestro territorio porque ahí siguen los disparos; necesitamos que el gobierno haga el desarme para vivir tranquilos con nuestros hijos, para dormir tranquilos en nuestros hogares, estamos viviendo solos con nuestros miedos”, señala la mujer.

Rufina insiste en el desarme de los grupos, debido a que no pueden trabajar sus tierras para obtener alimento. ¿Cómo vamos alimentar a nuestros hijos?, cuestiona.

Guadalupe Pérez Santiz, denuncia que el síndico municipal, Hermelindo García Núñez no quiere reconocer que son desplazados y obliga a los agentes municipales de sus comunidades para que los expulsen.

“Él mandó a decir que si estamos ahí no va haber obras, y si nos rehusamos a irnos, dice que nos multarán con 12 mil pesos o impondrán un castigo según decida la comunidad”, explica a través de Rufina que sirve como traductora.

Los desplazados hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que busquen una solución a este conflicto de tierras que data de hace 40 años y que el Tribunal Unitario Agrario no ha querido resolver.

“Queremos que Chenalhó salga de nuestras tierras, nosotros somos legalmente los dueños”, expresa Raymundo Luna Girón, hermano de Samuel, que fue asesinado a balazos por el grupo armado el 18 de octubre del 2017, cuando se encontraba en su cafetal levantando la cosecha.

Quadratín Chiapas, recorrió los parajes miserables de Chalchihuitán, en donde se observa la tristeza en la cara y ojos de los niños, quienes también han dejado de ir a la escuela por la falta de garantías para que pueden movilizarse libremente por sus comunidades

En estas comunidades, acosadas por los grupos armados y el Síndico Municipal, quien ostenta el poder absoluto, una vez que tuvo que ceder su lugar como candidato a presidente municipal, por equidad de género, la situación de los desplazados es más aguda, no hay alimentos ni medicinas

La recomendación 87/2018 que emitió en días pasados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no inquieto a Rutilio Escandón Cadenas, toda vez que tolera que los grupos armados continúen con las agresiones a los tzotziles de Chalchihuitán