Denuncian a Carmela Moreno por uso de recursos públicos y promoción anticipada

Por Argenis Esquipulas

TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 21 de febrero 2026-En uno de los estados con mayores rezagos sociales del país, donde el traslado de enfermos graves depende muchas veces de la buena voluntad de vecinos, camionetas particulares o largos trayectos por caminos de terracería, una serie de denuncias públicas ha encendido la indignación ciudadana: familiares de la diputada federal Rosario del Carmen Moreno Villatoro, representante del distrito XI de Chiapas, habrían sido trasladados en helicópteros presuntamente vinculados a recursos de la Secretaría de Salud de Chiapas para arribar a comunidades rurales como el ejido Puerto San Bartolo, en el municipio de Las Margaritas, donde se habría realizado propaganda de imagen de la legisladora, lo que podría configurar actos anticipados de campaña rumbo al proceso electoral de 2027.

La acusación, difundida a través de videos en redes sociales, no solo apunta al presunto uso indebido de recursos públicos en un contexto de carencias estructurales en el sistema de salud, sino que se entrelaza con otro señalamiento delicado: la presunta utilización de jornadas médicas del gobierno estatal para posicionar la imagen de la diputada en comunidades del distrito XI.

En semanas anteriores, un video comenzó a circular en plataformas digitales. En las imágenes se observa la llegada de un helicóptero a una comunidad rural de la región fronteriza de Chiapas. De acuerdo con los señalamientos difundidos por usuarios y habitantes de la zona, quien aparece el hermano de la diputada Manuel Antonio Moreno Villatoro presumiendo el traslado con otros familiares directo de la diputada, quienes llegaron en helicóptero para realizar propaganda de dicha diputada federal.

La narrativa que acompaña la grabación sostiene que la aeronave estaría vinculada a recursos de la Secretaría de Salud de Chiapas, dependencia que en meses recientes ha desplegado jornadas médicas itinerantes en comunidades de alta marginación.

Para pobladores que viven cotidianamente la falta de ambulancias, médicos y medicamentos, la imagen de un helicóptero al servicio de familiares de una figura política resultó ofensiva.
“Hay comunidades donde no llega ni una ambulancia, pero sí llegan helicópteros para pasear a familiares de la diputada”, reclamó un habitante entrevistado en la región, quien pidió el anonimato por temor a represalias. “Aquí cuando hay una emergencia grave, la gente se muere en el camino”, añadió.

Las denuncias adquieren mayor peso cuando se observan en el contexto de las condiciones de vida en municipios del distrito XI, como Teopisca, Chanal y Altamirano, donde persisten problemas de acceso a servicios básicos, clínicas sin personal suficiente, desabasto de medicamentos y traslados médicos que pueden tardar horas.

Organizaciones civiles locales consultadas para este reportaje señalan que el uso de recursos públicos para fines ajenos a la atención médica —de comprobarse— representaría no solo una falta administrativa, sino un agravio ético en un contexto donde cada peso destinado a la salud es vital. “Cuando un helicóptero se usa para otra cosa, no es un lujo: es una ambulancia aérea que dejó de estar disponible para una emergencia real”, apuntó un promotor de salud comunitaria.

Otra de las controversias es la presunta utilización de programas y brigadas de atención médica para posicionar la imagen de la diputada en comunidades del distrito XI. De acuerdo con testimonios recabados en campo, en diversas localidades se han realizado eventos de salud con unidades y personal de la Secretaría de Salud de Chiapas, en los que se ha observado la presencia de la legisladora o de personas de su círculo cercano, con discursos y actividades que, a decir de los pobladores, “parecen más de campaña que de atención institucional”.

En videos difundidos en redes sociales se observa la colocación de lonas, saludos a simpatizantes y recorridos que los habitantes interpretan como actos de posicionamiento político rumbo a 2027. Aunque no existe aún un proceso electoral formal en curso, especialistas en derecho electoral advierten que la promoción personalizada con recursos públicos podría configurar actos anticipados de campaña, lo que correspondería investigar a las autoridades electorales.

La inconformidad no se ha quedado en redes sociales. En semanas recientes, habitantes de Las Margaritas reportaron un intento de la diputada por escenificar una marcha de respaldo popular. De acuerdo con versiones de pobladores, el contingente estuvo conformado mayoritariamente por familiares, conocidos y un grupo reducido de militantes de Morena, lo que contrastó con la narrativa de un amplio apoyo comunitario.

“Fue evidente que no era la fuerza del pueblo, sino un montaje”, relató una comerciante del centro de Las Margaritas. “La gente de las comunidades no salió, al contrario: hubo rechazo”.

En entrevistas recabadas para este reportaje, habitantes del distrito XI expresaron sentirse utilizados por promesas de apoyo que, aseguran, no se han traducido en mejoras reales para sus comunidades. “Nos toman la foto, nos prometen gestión, y luego no regresan”, dijo un representante comunitario de la zona de Altamirano.

Otro señalamiento que circula entre sectores críticos es el relacionado con la autoadscripción indígena de la diputada. Algunos habitantes afirman que la legisladora habría obtenido una constancia de identidad indígena para acceder a una candidatura reservada a pueblos originarios. Este punto es particularmente sensible y, hasta ahora, no existe un pronunciamiento oficial de autoridades electorales o del Congreso que confirme o desmienta irregularidades en el proceso de acreditación de identidad.

Especialistas en derechos indígenas explican que la autoadscripción es un principio reconocido en la legislación, pero que su uso indebido para acceder a espacios de representación puede vaciar de contenido las acciones afirmativas. “Si se simula identidad para ocupar un lugar destinado a pueblos originarios, se vulnera el derecho colectivo de las comunidades a ser representadas por quienes comparten su realidad”, señaló una académica de la región Altos de Chiapas.

La gestión legislativa de la diputada también ha sido objeto de críticas. Entre los señalamientos más recurrentes está la percepción de que sus propuestas no responden a las necesidades estructurales del distrito XI.

Pobladores mencionan como ejemplo la promoción de medidas menores —como la colocación de topes en carreteras— frente a demandas urgentes en materia de salud, caminos, agua potable y desarrollo económico. “Nosotros no la elegimos para que proponga más topes, la elegimos para que defienda hospitales equipados, médicos en las comunidades y caminos dignos”, expresó un habitante de Chanal.

Hasta ahora, la Secretaría de Salud de Chiapas no ha informado si el helicóptero observado en los videos forma parte de su flota, si fue rentado, prestado o si se trató de una aeronave privada ajena a recursos públicos. Tampoco ha precisado si las jornadas de salud cuentan con protocolos que prohíban la promoción personalizada de funcionarios o legisladores durante su ejecución.

Por su parte, la diputada federal no ha emitido un posicionamiento público que aclare los señalamientos sobre el traslado aéreo de su familiar, el presunto uso de recursos públicos ni las acusaciones de actos anticipados de campaña. La falta de respuestas ha incrementado la percepción de opacidad entre los habitantes.

Diversos colectivos ciudadanos han solicitado que instancias de fiscalización y autoridades electorales abran investigaciones para determinar si existió o no uso indebido de recursos públicos y promoción política con fines electorales. “No pedimos linchamientos mediáticos, pedimos que se investigue y se transparente”, señaló un activista local.

Más allá de la veracidad de cada señalamiento —que corresponde determinar a las instancias competentes—, el episodio deja al descubierto una herida profunda en la relación entre representantes y representados. En Chiapas, donde la desigualdad y la marginación son parte del día a día, la percepción de que el poder se usa para privilegios personales erosiona la confianza en las instituciones.

“Cuando ves un helicóptero bajar para unos cuantos, mientras tu comunidad espera años por una ambulancia, el mensaje es devastador”, resume un promotor comunitario en Las Margaritas. “Te hace sentir que no gobiernan para ti”.

Hasta el cierre de este reportaje, ni la dependencia estatal señalada ni la diputada federal han emitido un posicionamiento oficial que aclare el origen de los recursos, el motivo del traslado en aeronave ni el carácter institucional o privado de los recorridos documentados en video.