CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2019.- Finalmente Morena y aliados en la Cámara de Diputados lograron complacer al Presidente de la República y avalaron con una pequeña modificación de redacción, la Ley de Austeridad Republicana, así como reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En una primera instancia el Pleno camaral aprobó esta minuta, enviada por el Senado, en lo general y particular los artículos no reservados con 321 votos a favor, 124 en contra y una abstención; posteriormente, por separado fue avalado en lo particular la modificación al artículo 13 de la Ley de Austeridad con 364 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones.

Mientras que, en sus términos fueron avalados en lo particular los artículos 17 y 24 de la misma Ley con 272 a favor, 154 en contra y tres abstenciones, con lo que el dictamen ya fue enviado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Dicha Ley busca, entre otras cosas, establecer la austeridad republicana como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano, así como fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio.

Así como establecer las competencias de los entes públicos en la materia; enumerar las medidas que se pueden tomar para impulsar la austeridad republicana, y las que permitan generar ahorros en el gasto público para orientar recursos a las necesidades de la población.

El documento señala que los entes públicos deberán aplicar la política de Austeridad Republicana a partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que se establezcan de conformidad con la Ley de Planeación.

Pero se deja en claro que no se debe afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución Política y tratados internacionales de los que México es parte, por lo que las medidas de austeridad deberán enfocarse preferente en el gasto corriente no prioritario.

Asimismo, como medidas de austeridad republicana se prohíbe la compra o venta de vehículos de lujo para el transporte y traslado de los servidores públicos; así como las contrataciones de seguros de ahorro en beneficio de los servidores públicos con recursos del Estado.

Mientras que, las adquisiciones y arrendamientos de equipos y sistemas de cómputo se realizarán previa justificación; los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados a actividades de seguridad, defensa, marina, Fuerza Aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos.

En lo que se refiere a la austeridad respecto a los servidores públicos, el documento deja asentado que, éstos se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que se establezca en el presupuesto de Egresos de acuerdo a las responsabilidades que desarrollen, además de que, por ningún motivo se autorizarán bonos, estímulos, comisiones, compensaciones o percepciones extraordinarias al salario asignado.

También se cancelan y no se permitirán las pensiones al Presidente de la República, adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Mientras que, el polémico artículo 24 de la Ley de Austeridad referente a que, los servidores públicos que se separen de su cargo no podrá ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información “privilegiada” en el ejercicio de su cargo, en por lo menos 10 años, también se aprobó sin cambios.

Este punto polémico trató de ser modificado en las reservas, incluso por la propia diputada de Morena, Tatiana Clouthier para que quedará como la propuesta original de cinco años, sin embargo, al final y ante la inconformidad de la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, fue avalada en los términos en que llegó del Senado.