Visión financiera

INE, bajo la lupa de la ASF

La revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente de atención para el organismo, luego de la difusión de videos sobre la relación personal entre la aún consejera presidenta, Guadalupe Taddei, y el contratista José Alfredo Hernández.

El instituto manifestó su disposición a entregar la documentación y las pruebas que requieran las autoridades fiscalizadoras, con el argumento de que los procedimientos de contratación, los servidores públicos y los proveedores deben sujetarse a la ley. El caso coloca en el centro del debate la transparencia en el manejo de recursos públicos y los controles internos del árbitro electoral.

El fin de semana también trascendió la remoción de directivos de áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa del INE, tras conocerse la investigación de la ASF.

En su posicionamiento, la institución sostuvo que cada expediente debe analizarse de acuerdo con su contexto y con base en documentos y evidencias, mientras que la determinación de posibles responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.

La revisión, por tanto, deberá distinguir entre los hechos acreditados y las interpretaciones que surjan del caso.

La postura de la presidencia del Consejo General, quien todo apunta a su salida esta misma semana, es y será facilitar las auditorías por medio del Órgano Interno de Control y poner a disposición de la ASF los materiales que solicite.

El organismo también defendió la importancia de los contrapesos institucionales como vía para dar certeza sobre el uso de los recursos que administra. La disposición a colaborar será relevante, pero el alcance de la revisión dependerá de los resultados que arrojen las diligencias y de la evidencia disponible.

El asunto adquiere especial relevancia por la responsabilidad del INE en la organización de elecciones libres y periódicas, bajo principios de legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

La confianza pública en una autoridad electoral exige no sólo el cumplimiento de esas obligaciones, sino también claridad ante los cuestionamientos sobre su funcionamiento administrativo. La investigación de la ASF deberá aportar elementos verificables para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes son responsables.

La remoción de directivos añade otra dimensión al caso, pues abre interrogantes sobre los motivos específicos de los cambios y su relación con la revisión en curso.

Por ahora, el comunicado del instituto no sustituye los resultados de una auditoría ni acredita por sí mismo la existencia o ausencia de faltas. Corresponderá a las instancias competentes establecer los hechos y determinar las consecuencias que procedan conforme a sus atribuciones.

Mientras avanza el proceso, el INE enfrenta el reto de mantener la continuidad de sus funciones y ofrecer información suficiente para evitar que la incertidumbre afecte su operación. La presidencia del Consejo General pidió a su personal conservar la tranquilidad y cumplir sus responsabilidades bajo los mecanismos de transparencia y supervisión institucional.

La rendición de cuentas, en este contexto, debe traducirse en colaboración efectiva con los órganos fiscalizadores y claridad sobre las decisiones administrativas.

La investigación representa una prueba para los controles internos y la credibilidad del instituto. La apertura a las auditorías constituye un primer paso, pero serán los documentos, las pruebas y las conclusiones de las autoridades los que permitan esclarecer el caso.

En un organismo encargado de proteger la integridad de las elecciones, la transparencia no puede limitarse a una declaración institucional: debe reflejarse en procedimientos verificables y responsabilidades claramente delimitadas.

Por último, dentro de este escándalo no pierda de vista un posible esquema de favoritismo que habría sido operado por Jesús Octavio García González, exdirector de Administración, en favor de José Alfredo Hernández Casillas, de Cajas Graf, empresario investigado por la UIF por irregularidades financieras

*** Parador Seguro en Chihuahua

Servicios integrales de descanso, mantenimiento mecánico y abastecimiento para el autotransporte de carga en Majalca, Chihuahua, le valieron al Punto Travel Center de OXXO GAS el premio Convenience Store of the Year para Latinoamérica.

El reconocimiento, otorgado en Las Vegas por la National Association of Convenience Stores (NACS), distingue a este parador por reducir los riesgos delictivos y elevar la eficiencia operativa en los corredores comerciales del norte.

La infraestructura opera bajo la acreditación de la SICT y cuenta con la presencia fija de la Sedena para resguardar a los choferes y blindar el tránsito de mercancías.

Jaime Longoria, CEO de OXXO GAS, encabeza la estrategia de un modelo que busca resolver la falta de paraderos seguros en rutas clave del país, a través de la articulación entre oferta comercial y el respaldo institucional.

Esta alianza consolida estándares internacionales de seguridad vial que disminuye las pérdidas del sector logístico en las arterias industriales del país.

*** Mujeres en el transporte y la logística

El transporte y la logística mantienen una presencia mayoritariamente masculina, aunque algunas empresas comienzan a fijar objetivos para modificar esa composición.

El reto no se limita a contratar más mujeres, sino a abrir espacios en puestos operativos, técnicos y directivos, además de ofrecer capacitación y oportunidades de crecimiento.

Entre las compañías del sector que ya pusieron una cifra sobre la mesa está TRAXION, de Aby Lijtszain, que según su Informe Integrado 2025, estableció la meta de alcanzar 30% de participación femenina en su plantilla total para 2030.

El grupo también cuenta con tres consejeras, equivalentes a 20% de su Consejo de Administración, órgano desde donde se supervisa la estrategia y se toman decisiones relevantes para el negocio.

Ahora tocará observar cómo ese objetivo se refleja en oportunidades concretas y en una mayor presencia de mujeres en todos los niveles de la organización. Ahí estará la verdadera medida del avance.

*** Apoyan dictamen para que SAT fiscalice al SNAC

TOME NOTA ** Los trabajadores apoyaron el dictamen del poder legislativo para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), fiscalice a fondo a organizaciones sociales, entre ellas al Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), y se verifique la evasión de impuestos del líder espurio, Alejandro Martínez Araiza, quien desvío cuotas gremiales por 600 millones de pesos a sus cuentas personales.

Al respecto, los miembros del SNAC demandaron que el SAT también realice una auditoría a los ingresos privados de Martínez Araiza, quien se ha beneficiado personalmente de las cuotas sindicales y de la venta de productos y servicios que realiza por medio de una plataforma digital, mediante la cual obtiene ingresos anuales de aproximadamente 51 millones de pesos.

Trabajadores del SNAC aplaudieron la reciente aprobación del pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2027, que contempla una mayor fiscalización de los sindicatos, entre diversas organizaciones, la cual se espera apruebe también el Senado de la República.

Martínez Araiza se niega a informar a los trabajadores y autoridades laborales sobre la administración de cuotas por 600 millones de pesos, en su gran mayoría desviadas a sus cuentas personales, denunciado por los miembros del SNAC, que agrupa a 17 mil afiliados.

Al obtener un beneficio económico personal de las cuotas gremiales acumuladas desde 2019, cuando asumió el poder como secretario general del SNAC, a la fecha, además de los ingresos obtenidos de la tienda digital, mediante la cual vende productos y servicios y otorga créditos a los trabajadores, ese personaje obtiene ingresos personales indebidos que no son declarados a la autoridad fiscal.

Un punto importante por aclarar, que no es de conocimiento de los trabajadores, es el ingreso bruto y neto de Martínez Araiza, en su calidad de secretario general, que debe ser fiscalizado por el SAT para determinar si su sueldo mensual es acorde a sus gastos y a los bienes que posee, porqué de no ser así se comprobaría evasión de impuestos y desvío de recursos gremiales.