Un antes y después del asesinato de Carlos Manzo

La indignación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, es generalizada. Deseable a todas luces que el reclamo se aleje de la violencia y retome la vía civilizada. Exigir, demandar y reclamar es propio de la vida política, mucho más ante un hecho atroz contra quien hacía propia la preocupación de tantos por el dominio del crimen organizado.

En Uruapan, como en demasiadas partes del país, los delincuentes intimidan, secuestran y asesinan por la generalizada de la extorsión a empresarios de todo tamaño. Las autoridades no cumplen en su tarea de proveer seguridad y justicia. Carlos Manzo denunció y lo asesinaron. El acontecimiento ha alterado en sus fundamentos la vida política y económica en Michoacán.

Hay un antes y después a partir de la noche del 1º de noviembre. El gobernador pierde poder, influencia y capacidad de decisión -caso semejante al de Rubén Rocha-, a la vez que la violencia social se asoma; su continuidad en el gobierno se ofrece a partir del previsible apoyo del centro y del grupo político al que pertenece. Las cosas cambian; la sucesión a la vuelta de la esquina es incierta, aunque se recuperen la paz y tranquilidad sociales. La señora Grecia Quiroz, esposa del alcalde finado, seguirá en el encargo. Por ahora todos, incluso la presidenta Sheinbaum, cierran filas en torno ella, es necesario que así prosiga. La pregunta es si el acontecimiento de Uruapan impactará al país.

No exageran quienes ven en el homicidio del alcalde el crimen político con mayor efecto desde el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, hace 31 años. Como suele suceder, la respuesta del centro casi siempre es la negación o minimizar. La presidenta Sheinbaum reaccionó con oportunidad, pero en los momentos cruciales la respuesta fue deplorable al intentar trasladar a sus adversarios la responsabilidad por el abandono al alcalde que exigía apoyo y a los medios por cubrir los hechos. Corrigió, tarde y a medias.

El Plan Michoacán ojalá y funcione, pero lo urgente es acabar con la impunidad. El impacto nacional es profundo. El error de la respuesta inicial afecta a la propia presidenta Sheinbaum; pone al descubierto la insuficiencia de la estrategia en materia de seguridad, que la impunidad prevalece.

Los años de abandono por el Estado significó que los delincuentes penetraron el tejido social y económico a profundidad, además del político, particularmente en el espacio municipal. Ganar la batalla a la extorsión significa una cruzada de mucho tiempo, y debe darse como proponía Carlos Manzo, desde el territorio, con la coordinación de fiscalías y policías. Con un sentido de permanencia, no de temporalidad.

Pregunta obligada, ¿estará presente la UIF para frenar los dineros del crimen?, hasta ahora no se ha dicho y es una parte fundamental, frenar los dineros del crimen. Para muchos, atacar las causas estructurales de la inseguridad es una manera de eludir el tema central: la lucha contra la impunidad y su grave influencia en la criminalidad. Este aspecto presente en la iniciativa de la presidenta en su plan para Michoacán, al incluirse en un paquete amplio de propuestas, pierde visibilidad y fuerza, porque cuando todo es importante, nada lo es.

Si de todo sólo eso combatir la impunidad funcionara, sería un logro extraordinario después de los insuficientes resultados en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, que privilegiaron la fuerza y no la justicia. Con López Obrador fue peor, los abrazos se volvieron licencia para asesinar y anular al Estado en su tarea básica de proveer seguridad y justicia. La violencia social se asoma por la impotencia; en perspectiva, debe preocupar que el régimen político pierda su capacidad para dar cauce al descontento y al reclamo por el estado de cosas. La democracia no solo sirve para elegir o relevar gobernantes, también para dar salida al conflicto social, justo lo más rescatable de la reforma política desde los tiempos en que había claridad en el Estado de que abrir la representación política a las fuerzas radicales era la mejor manera de salvaguardar el orden social, y transformar al régimen político.

Hoy se piensa al contrario por la visión estalinista que impera en la reforma política del régimen: la legitimidad histórica se reduce a un solo partido, negando la coexistencia de la pluralidad y la alternancia en el poder.

La violencia se asoma y obliga a una reflexión seria sobre el futuro del país, porque se está edificando un nuevo régimen político que somete la legalidad y justicia a la consigna política, y niega espacio en la representación política de quienes no están con el régimen, que son los más a partir del asesinato de Carlos Manzo.