Teléfono rojo/José Ureña

· Otro negocio menos con López Obrador: el comercio de patrullas
· Sólo habrá renta desde 2019 y no más flotillas para dependencias
· Un libre comercio del CCE para un gobierno de corte nacionalista

Va contra armadoras y distribuidoras de vehículos de todo tipo y en todos los niveles.

Es un negocio de cientos de miles de unidades y muchos miles de millones de pesos anuales a los cuales Andrés Manuel López Obrador intenta poner fin a partir de 2019.

Por instrucción suya el proyecto debe quedar asentado en el plan de seguridad todavía en elaboración y en el cual participan de manera destacada tres futuros funcionarios:

Al frente el sonorense Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, en coordinación con Alejandro Gertz Manero y el doctor Manuel Mondragón y Kalb.

No es un asunto menor.

Muchas fortunas se han elaborado con este tipo de ventas para la Policía Federal, la Federal de Caminos y de otras corporaciones a las cuales se pretende dar mayor orden.

En estos momentos se hace un inventario y se encuentra una constante: gran parte de ese parque vehicular está paralizado por descomposturas, falta de refacciones e inclusive desinterés de los funcionarios del sector.

Cientos de estacionamientos oficiales y aun alquilados –de todos los niveles: federales, estatales y municipales- convertidos en cementerios son prueba de este primer balance

Del diagnóstico vendrá la decisión definitiva de cómo actuar y sobre todo elaborar un plan a fin de terminar con una práctica por donde, presume el inminente gobierno, se escapan enormes fortunas.

RENTA Y MENOS FLOTILLAS

Este paso requerirá negociaciones con la industria automotriz.

La vía concebida hasta hoy es el alquilar de unidades, una práctica ya utilizada en muchos casos pero no generalizada y menos en condiciones ventajosas para la administración pública.

Paulatinamente la experiencia podría extenderse al resto de las áreas federales.

Las excepciones serían dependencias específicas como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), catalogadas como sensibles para la seguridad nacional.

Pero no el de otras áreas.

Tiempos hubo en los cuales cada secretaría de Estado tenían varios departamentos específicos: adquisición de vehículos, compra de refacciones, mantenimiento de unidades, etcétera.

A menudo grandes negocios privados con cargo al erario y cuyo primer beneficio será la reducción de flotillas de camionetas de lujo y automóviles de gran comodidad para uso de funcionarios.

En todos lados está el ojo propio y los muchos ojos al servicio de Andrés Manuel López Obrador.

NUEVOS AIRE PARA EL CCE

El sector privado mexicano está a punto de alinear a un partidario del libre mercado para tratar con el gobierno de corte proteccionista de Andrés Manuel López Obrador.

A su regreso del World Business Forum 2018 en Ecuador, Manuel Herrera Vega llegó a México a activar su candidatura para aspirar a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Actual presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica (AILA), donde lidera a representantes de 17 países, pugna por mantener a México en las tendencias mundiales.

Así se fomenta la competitividad, sostiene Herrera Vega, y promete diálogo con el gobierno del tabasqueño para tomar acuerdos económicos de largo aliento.

Va contra armadoras y distribuidoras de vehículos de todo tipo y en todos los niveles.

Es un negocio de cientos de miles de unidades y muchos miles de millones de pesos anuales a los cuales Andrés Manuel López Obrador intenta poner fin a partir de 2019.

Por instrucción suya el proyecto debe quedar asentado en el plan de seguridad todavía en elaboración y en el cual participan de manera destacada tres futuros funcionarios:

Al frente el sonorense Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, en coordinación con Alejandro Gertz Manero y el doctor Manuel Mondragón y Kalb.

No es un asunto menor.

Muchas fortunas se han elaborado con este tipo de ventas para la Policía Federal, la Federal de Caminos y de otras corporaciones a las cuales se pretende dar mayor orden.

En estos momentos se hace un inventario y se encuentra una constante: gran parte de ese parque vehicular está paralizado por descomposturas, falta de refacciones e inclusive desinterés de los funcionarios del sector.

Cientos de estacionamientos oficiales y aun alquilados –de todos los niveles: federales, estatales y municipales- convertidos en cementerios son prueba de este primer balance

Del diagnóstico vendrá la decisión definitiva de cómo actuar y sobre todo elaborar un plan a fin de terminar con una práctica por donde, presume el inminente gobierno, se escapan enormes fortunas.

RENTA Y MENOS FLOTILLAS

Este paso requerirá negociaciones con la industria automotriz.

La vía concebida hasta hoy es el alquilar de unidades, una práctica ya utilizada en muchos casos pero no generalizada y menos en condiciones ventajosas para la administración pública.

Paulatinamente la experiencia podría extenderse al resto de las áreas federales.

Las excepciones serían dependencias específicas como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), catalogadas como sensibles para la seguridad nacional.

Pero no el de otras áreas.

Tiempos hubo en los cuales cada secretaría de Estado tenían varios departamentos específicos: adquisición de vehículos, compra de refacciones, mantenimiento de unidades, etcétera.

A menudo grandes negocios privados con cargo al erario y cuyo primer beneficio será la reducción de flotillas de camionetas de lujo y automóviles de gran comodidad para uso de funcionarios.

En todos lados está el ojo propio y los muchos ojos al servicio de Andrés Manuel López Obrador.

NUEVOS AIRE PARA EL CCE

El sector privado mexicano está a punto de alinear a un partidario del libre mercado para tratar con el gobierno de corte proteccionista de Andrés Manuel López Obrador.

A su regreso del World Business Forum 2018 en Ecuador, Manuel Herrera Vega llegó a México a activar su candidatura para aspirar a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Actual presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica (AILA), donde lidera a representantes de 17 países, pugna por mantener a México en las tendencias mundiales.

Así se fomenta la competitividad, sostiene Herrera Vega, y promete diálogo con el gobierno del tabasqueño para tomar acuerdos económicos de largo aliento.