Miscelánea, salud y política/Judith Álamo López

Sobrevivir en la violencia

No se nace mujer, una llega a serlo: Simone de Beauvoir
La atención hacia la mujer durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha significado un retroceso, y es que el problema no se resuelve sólo con buenos deseos ni con promesas de campaña: Las mujeres representamos 51.2 % de la población nacional -64 millones 540 mil 634-, según el último Censo.
Durante la LXIV Legislatura, a concluir en una semana,se logró por primera vez en la historia la paridad de género, de un total de 500 diputados, 241 fueron legisladoras que avanzaron en impulsar y aprobar iniciativas a favor de los derechos de las mujeres a la igualdad de oportunidades y a una vida digna.
Sin duda, las mujeres en la Cámara de Diputados mostraron a los hombres que cuando se trata de sumarse por causas justas son capaces de trabajar en equipo sin importar su filiación partidista, por ello lograron avanzar en crear un andamiaje jurídico en el que se asentó la igualdad de género en derechos y oportunidades, tanto en la esfera privada como en la pública.
También se mejoró y amplió la tipificación de delitos como el feminicidio, la violencia electoral contra mujeres y se creó la Ley Olimpia para castigar la violencia digital en contra de las féminas, entre otras.
La LXV Legislatura que se instalará el 1 de septiembre se perfila ya como la segunda con paridad de género, contará con 248 diputadas, y una larga agenda de pendientes para materializar y avanzar en la legislación de igualdad de género.
Aunque las diputadas salientes hicieron un encomiable esfuerzo este ha sido insuficiente para detener la ola de violencia en contra de la mujer.
Urge establecer una estrategia que contemple acciones de concientización, prevención, coordinación interinstitucional -en materia educativa, de justicia, seguridad pública, etc.- asistencial y de apoyo, las cuales requieren de presupuesto suficiente, pues hasta el momento el gobierno de la 4T, por austeridad, no ha estado dispuesto a financiar.
El aislamiento y la obligación de estar en casa por la crisis sanitaria de la covid-19 ha disparado todas las alarmas, pues los gobiernos federal y locales se olvidaron de la mirada de género y dejaron a las mujeres encerradas con sus agresores, quizá por ello niños y adultos claman por asistir a los centros educativos, pese a los riesgos que entraña hacerlo en pleno pico de la pandemia.
Al inicio de semana la Secretaría de Gobernación emitió tres declaratorias para sumar 22 estados de la República con la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en alguno o varios de sus municipios. Hace cinco años se emitió la primera: todas las demás han sido durante el actual gobierno.
Las últimas entidades que se sumaron son: Tlaxcala, Chihuahua y Sonora. Tomemos el caso de Sonora como ejemplo de la expansión de la problemática. La alerta en esa entidad comprende seis de sus 72 municipios, se trata de Cajeme, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Nogales y San Luis Río Colorado, en donde los casos de abuso sexual se duplicaron en los últimos seis años y los de violación aumentaron más de 25 por ciento.
Se suman 446 homicidios dolosos de mujeres y niñas sonorenses desde 2015 hasta 2020, y de las estimaciones oficiales sobre violencia de género se desprende que una de cada cuatro estudiantes ha sido agredida en su escuela y una de cada tres mujeres han sido violentadas en la calle por razones de género.
Según María Alanís Sámano, titular de Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), «nuestro objetivo es atender las causas que han generado la violencia y, sin duda, la falta de justicia es una de las principales».
Todos los especialistas en diferentes disciplinas jurídicas, médicas, psiquiátricas, forenses coinciden en ello, la impunidad en crímenes de mujeres -y otros humanos vulnerables, incluidos niños y ancianos- constituye en todo el país un aliciente para los depredadores.
En cada estado se integraron grupos de trabajo que investigaron e hicieron consultas con Organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras de derechos humanos y autoridades locales, quienes finalmente concluyeron que la situación de riesgo ameritaba emitir esta alerta.
Coinciden autoridades y organizaciones sociales en que han detectado «un contexto perverso contra las mujeres y niñas a nivel nacional, en el cual más del 60% de las agresiones se comete dentro del hogar».
Como muchas OSC piden, sería útil que el Gobierno Federal invirtiera en prevención y llevara a cabo un monitoreo de cómo se está viviendo la violencia dentro del hogar y diera alternativas de vida y desarrollo a las víctimas.
La directora de la Red Nacional de Refugios de México, Wendy Figueroa, opina: “quedarse en casa no es una opción para las víctimas, ya probaron que ese es un sitio vulnerable. Ahora no hay ningún lugar en México seguro para las mujeres, ni la calle, ni las redes sociales, ni la casa”.
El gobierno federal modificó el manejo presupuestal que se hacía a través de la Secretaría de Salud, de forma que para el 2021, estableció recursos etiquetados por alrededor de 400 millones de pesos a través de la Secretaría de Bienestar para su distribución en el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos.
Dicha cifra es similar a la que recibieron durante 2020, ello pese a que, tras el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, la atención de los refugios para las mujeres víctimas de violencia se incrementó hasta en 81%.
El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, a cargo de la Secretaría de Bienestar, tampoco obtuvo aumento alguno en el 2021: se le programó la misma cantidad de recursos que en 2020: 278 millones 535,043 pesos.
Tampoco aumentaron los subsidios otorgados para las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y Centros de Justicia para las Mujeres, que se les presupuestó 202 millones 627,482 pesos en 2021, cifra similar a la de 2020.
En el caso de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), a cargo de la Secretaría de Gobernación, operó con 300 millones de pesos en 2020 e igual en 2021.
Los legisladores de la LXV Legislatura tienen ante sí la asignatura pendiente de aumenar los recursos otorgados a estos organismos de apoyo a víctimas, pues hasta ahora los asignados han sido insuficientes para atender la problemática de violencia contra las mujeres y a los miles de niños huérfanos a causa de feminicidios.
La violencia en contra de la mujer no es exclusiva de la marginación, la pobreza, la falta de educación, los abusos en contra de la mujer suelen darse desde la infancia y las víctimas pueden estar en cualquier hogar disfuncional o considerado «tradicional» por su manejo de estereotipos misóginos y hasta en algunos que profesan religiones monoteístas o credos fundados en la superioridad masculina.
Así, mientras que en 2020 la tasa general de delitos se redujo más de un 10% en el país, los feminicidios y los crímenes sexuales aumentaron: en 2019 hubo un total de 966 feminicidios, y la cifra pasó a 969 feminicidios durante 2020, según cifras del Secretariado Ejecutivo del SNSP.
En cifras oficiales seis entidades concentraron el 51% de los feminicidios: Estado de México, con 151 asesinatos; Veracruz, con 87; Jalisco, con 68; Ciudad de México y Nuevo León, con 67 respectivamente; y Puebla, con 54.
Pero datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en su edición de diciembre de 2020, revelan que entre julio y diciembre de 2020 el 98.6% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados o no se inició una investigación.
Esto quiere decir que los delitos sexuales que sufren las mujeres rara vez llegan al Ministerio Público, y la situación ha empeorado en estos primeros meses de 2021: más asesinatos de mujeres y más agresiones sexuales.
En medio de la emergencia sanitaria la violencia persiste en México; sólo en seis meses (enero-junio) del 2020 se registraron 1,844 homicidios de mujeres, reveló el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).
Dicha situación confirma el dato previamente calculado por organizaciones feministas: cada día en el país son asesinadas entre 10 y 11 mujeres y en promedio, al día, desaparecen siete niñas ((Redim). Cifras que muestran la preocupante descomposición social y familiar.
Contrario a lo que suele decir López Obrador sobre la familia mexicana: «la mejor institución de seguridad social», es urgente que el Ejecutivo revise el presupuesto público que permita fortalecer el binomio Estado-sociedad y a la familia como célula social e impulsar una política social de cero impunidad y una administración de la justicia pronta y expedita.
Aunque AMLO insista en que con la entrega directa de recursos a jóvenes y adultos mayores –becas y pensiones-, se avanza en alrededor del 80% del plan para pacificar al país, es tiempo de que revise su política de evitar medidas coercitivas e imponga sanciones severas en contra de los delincuentes.
La raíz del problema es compleja y el presidente de la República parece rehuir la importancia de atender esta lacerante realidad con acciones que tiendan a aumentar los niveles de conciencia social, modificar patrones de comportamiento, aumentar los niveles educativos entre la población y poner fin a la impunidad.
Mucho ayudaría a fortalecer la moral pública que AMLO evitara avalar acciones de políticos afiliados a su partido que repiten esquemas patriarcales e incurran en violencia de género, como lo ocurrido en las campañas con el ahora gobernador de Zacatecas, David Monreal y el caso no investigado a fondo de acusaciones de violación hacia Félix Salgado Macedonio.
Necesitamos reflexionar en que los crímenes seriales, por ejemplo, son realizados por asesinos con diferentes caracterologías, pero al analizarlos expertos, ellos comparten la excitación por transgredir las normas morales, retan al sistema -político, social, legal-, sólo porque lo saben vulnerable y al cometer cada asesinato, sin castigo, ellos buscan nuevas víctimas.
Qué pasa en la conciencia de los habitantes de un país qué ha estado asolado desde hace ya varias décadas por bandas del crímen organizado que han hecho del horror una cotidianidad, donde la barbarie ha impuesto la ley de las armas para atacar y defenderse.
Qué ocurre cuando el inquilino de Palacio Nacional considera que hay que enfrentar a los narcotraficantes con abrazos no balazos, o cuándo los libera concediéndoles el perdón, dándoles cortesía y misericordia desde su púlpito, o critica ferozmente a los periodistas críticos pero subsidia con recursos públicos a productores de series televisivas que hacen apología de la violencia o rinden culto a algún capo. Seamos responsables.
—oo0oo—