La educación es primero

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado, desde el inicio de su gobierno, disposición al diálogo con el magisterio y sensibilidad frente a las demandas históricas de maestras y maestros. Existe una diferencia clara entre la lógica priista y panista que durante años criminalizó la protesta docente y la visión de un gobierno que reconoce al magisterio como un actor fundamental de la vida nacional. Sin embargo, la responsabilidad de conducir el sistema educativo exige también eficacia política, capacidad de interlocución y claridad estratégica.

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Ahí es donde comienzan a evidenciarse problemas serios en la conducción de la política educativa federal.

La Secretaría de Educación Pública no puede actuar únicamente como una oficina administrativa ni limitarse a contener crisis coyunturales. La SEP requiere conducción política, capacidad de negociación y una visión integral del sistema educativo nacional. Hoy, lamentablemente, amplios sectores perciben improvisación, desgaste institucional y una preocupante falta de control político en el manejo del conflicto magisterial.

La conducción de Mario Delgado enfrenta cuestionamientos legítimos. No basta con administrar conferencias, declaraciones o acuerdos parciales mientras crece la incertidumbre sobre el cierre del ciclo escolar. La política educativa demanda presencia territorial, diálogo permanente y capacidad real para desactivar conflictos antes de que escalen socialmente. Cuando millones de estudiantes y familias comienzan a preguntarse si habrá cambios en el calendario escolar, el problema ya dejó de ser sindical para convertirse en un asunto de Estado.

Las protestas, paros y bloqueos han colocado sobre la mesa la posibilidad de modificar fechas de conclusión de clases y procesos administrativos. Esto tiene consecuencias profundas en la vida cotidiana de millones de hogares mexicanos. Las familias trabajadoras organizan tiempos, economía y dinámicas sociales alrededor del calendario escolar. Alterarlo implica afectar no sólo al sistema educativo, sino a toda la estructura social.

Por ello preocupa que, en ciertos sectores gubernamentales, parezca existir más atención mediática y operativa sobre la organización del Mundial de Futbol de 2026 que sobre la estabilidad educativa nacional. El Mundial será importante para la economía, el turismo y la proyección internacional de México, pero ningún evento deportivo puede colocarse por encima del derecho de niñas, niños y jóvenes a recibir educación en condiciones de normalidad y certeza.

Un país no se transforma llenando estadios mientras se vacían las aulas o se deteriora la gobernabilidad educativa.

La verdadera fortaleza de una nación no se mide solamente por su capacidad de organizar espectáculos globales, sino por la de garantizar educación pública de calidad, estabilidad institucional y movilidad social para las nuevas generaciones. La historia demuestra que las sociedades que relegan la educación terminan pagando costos económicos, culturales y democráticos mucho más profundos.

Morena nació como un movimiento profundamente vinculado a las luchas sociales y populares. Dentro de esa historia, el magisterio democrático ocupó un lugar relevante en la resistencia contra las políticas de privatización educativa impulsadas en el pasado. Por ello, este conflicto representa también una prueba política para la cuarta transformación: demostrar que es posible mantener cercanía con las bases sociales sin perder capacidad de gobierno.

La solución no puede construirse desde la confrontación permanente ni desde la soberbia burocrática. Tampoco desde la indiferencia administrativa. Se requiere una negociación seria, responsable y rápida, que permita atender demandas legítimas del magisterio sin comprometer el derecho superior de los estudiantes.

Por encima de cualquier coyuntura política, por encima de cualquier disputa administrativa e incluso por encima de cualquier espectáculo global, México debe tener una prioridad indiscutible: la educación es primero.

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