Indicador político/Carlos Ramírez

Reforma CFE y expropiación de banca,

escenario de sucesiones 1982 y 2024

Existen decisiones de coyuntura que determinan el largo plazo político. El 1 de septiembre de 1982 el presidente López Portillo expropió la banca privada como un acto revolucionario en materia económica y de Estado. Sin embargo, el presidente electo era Miguel de la Madrid y había sido escogido en un contexto diferente. En sus memorias, López Portillo se quejó: “Miguel no es el presidente para esta decisión”.

La reforma eléctrica constituye una reforma de Estado del presidente López Obrador y su implementación necesita más de un lustro para tener resultados. En este sentido, algunos análisis están ya replanteando el marco referencial de la candidatura presidencial lopezobradorista para 2024 porque muchas decisiones de Estado cambian al cruzar la aduana transexenal.

Una de las primeras decisiones del presidente de la Madrid ya en Palacio fue privatizar el 34% de las acciones de la banca expropiada y el presidente Carlos Salinas de Gortari determinó en 1990 la privatización total de la banca mexicana. Y en los hechos, los potenciales beneficios del control del instrumento de crédito para el desarrollo duraron apenas noventa días.

Las decisiones que cambian la estructura, función y hegemonía del Estado necesitan cumplir ciertas condiciones y la reforma eléctrica necesitará aclararlas: continuidad transexenal a imagen y semejanza, presupuesto libre, reforma constitucional del papel del Estado, un acuerdo internacional de articulación productiva y un partido con control de las clases productivas. En este escenario se tendría que definir el candidato o la candidata presidencial del presidente López Obrador para 2024. Al final de cuentas, la reforma podría aprobarse en las dos cámaras, pero quedaría sostenida por alfileres que diversas circunstancias imprevisibles –entre ellas la autonomía relativa del siguiente presidente– pudieran conducir a su anulación.

La reforma eléctrica constituye una verdadera reforma estructural, además de política e ideológica, del Estado neoliberal delamadridista-salinista y por lo tanto exigiría amarres extraordinarios para su irrevocabilidad. La restauración del Estado como factor preponderante del sistema económico y productivo parecería ser uno de los puntos centrales del proyecto posneoliberal transexenal del presidente López Obrador.

El estado neoliberal delamadridista-salinista se inició con la liquidación del proyecto social de la Revolución Mexicana en el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 y quedó atado –y muy bien atado– con el tratado de Comercio Libre con Estados Unidos y Canadá por la incorporación de tribunales internacionales para controversias por encima de la Constitución mexicana.

La gran reforma del Estado neoliberal se configuró, en el ámbito ideológico, con los funerales de la Revolución Mexicana en la ideología del Gobierno, del PRI, del Estado y de las mayorías mexicanas y en su lugar se colocó sin éxito el modelo de liberalismo social que se redujo a un Estado autónomo de las clases sociales y dominado por la dinámica del mercado.

Por los tiempos y circunstancias políticas, la reforma eléctrica se coloca en el eje dinamizador del proceso de sucesión presidencial para el 2024 porque estaría determinando la principal característica del perfil del candidato oficial: la continuidad de un proyecto de reforma estructural e ideológica del Estado para impedir el regreso del neoliberalismo de mercado.

Los principales precandidatos oficiales viables a la presidencia estarían aprobando el perfil de pertenencia al grupo gobernante actual, pero no todos tendrán ni la fuerza ni el proyecto personal para garantizar una continuidad absoluta. En este sentido, los sucesologos –o expertos en analizar previsiones de la sucesión presidencial– podrían estar haciendo el primer descarte en función de tres puntos mínimos vis a vis la reforma eléctrica: el mismo proyecto nacional, la convicción sobre la reforma del Estado y la fuerza política para resistir las presiones en el próximo sexenio a partir de la percepción de que ninguno de la lista tiene el liderazgo y la fuerza personal del presidente López Obrador para imponer decisiones.

De ahí el hecho de que la reforma eléctrica tenga tintes sucesorios inevitables.

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