Educación: entre la obesidad y el hambre.

Horacio Erik Avilés Martínez*
Este 4 de marzo, el mundo conmemoró el Día Mundial de la Obesidad. Este año, la campaña que lanzó la Federación
Internacional de la Obesidad convocó a ocho mil millones de voces para exigir que la obesidad sea reconocida como una
enfermedad crónica compleja, alimentada por determinantes sociales, económicos y comerciales, no por la debilidad de
voluntad de quienes la padecen.
En México, la Secretaría de Salud respondió al llamado con la presentación de la Estrategia de Desaceleración del
Sobrepeso y la Obesidad, que incluye un estudio con aproximadamente 500 mil personas y una ruta de acción al 2030.
Michoacán, que tiene rezago documentado en el programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, no anunció ninguna acción
pública específica en el marco del Día Mundial de la Obesidad 2026.
Las cifras son inapelables. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), más del 75% de los
adultos y el 35% de niñas, niños y adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad.
En la población de 5 a 11 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad combinados pasó de 34.4% en 2012 a 36.2% en
2022; en ese mismo periodo, la obesidad en ese grupo de edad subió de 14.6% a 18.1%, según datos de la Ensanut 2020-

2024. En adolescentes de 12 a 19 años, la prevalencia de sobrepeso más obesidad alcanzó el 40.1%.
      México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en adultos, superado por Estados Unidos. Según
      UNICEF, la obesidad ya superó al bajo peso como forma más predominante de malnutrición entre la niñez en edad
      escolar en el mundo. Si no se revierte la tendencia, el costo acumulado de la obesidad infantil para México podría
      alcanzar los 42 mil millones de pesos —equivalente al 1.1% del PIB nacional— en las próximas décadas.
      Las proyecciones globales son devastadoras: para el año 2035 podrían existir cuatro mil millones de personas con
      sobrepeso u obesidad en el mundo. En México, organismos nacionales estiman que para 2030 más del 40% de toda la
      población podría estar en esa condición.
      En Michoacán, los indicadores de sobrepeso y obesidad en niñas y niños se ubican por debajo del 27%, cifra menor a
      estados como Nuevo León, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato, donde más del 40% de la infancia padece
      esta condición. Sin embargo, esta estadística no es una medalla. Es, en muchos casos, el reflejo de otro problema
      igualmente grave: la desnutrición y la inseguridad alimentaria severa que prevalece en comunidades rurales e indígenas
      de la entidad. En Michoacán conviven, en la misma aula, niñas con desnutrición crónica y niños con obesidad.
      Ambas condiciones son expresiones distintas de la misma injusticia: el hambre de derechos, la pobreza alimentaria
      estructural y la ausencia del Estado en los comedores escolares, en las cooperativas y en las tienditas que rodean cada
      plantel.
      Michoacán no registra bajas tasas de obesidad porque sus escuelas sean saludables, sino porque muchos de sus niños
      no comen suficiente. La desnutrición y la obesidad son dos caras de la misma moneda de la injusticia alimentaria.
      El programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, que busca atender la salud de 12 millones de escolares en primarias
      públicas, registra rezago documentado precisamente en Michoacán, junto con Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero. Es
      decir, las entidades con mayor pobreza y marginación son también las que van más atrás en la atención.
      Según datos de la Redim y El Poder del Consumidor, el 98% de las escuelas del país venden comida chatarra a menores
      de edad, el 95% ofrece bebidas azucaradas y el 79% comercializa refrescos. Esto ocurre con mayor intensidad y sin
      ningún control en los planteles más vulnerables y alejados de los centros urbanos.
      Las comunidades escolares que enfrentan mayor pobreza, marginación y vulnerabilidad estructural son precisamente
      aquellas donde la política de alimentación escolar llega más tarde, incompleta o simplemente no llega.

En las escuelas unitarias y multigrado casi no existe infraestructura de bebederos, no hay cooperativas escolares
reguladas, no se cuenta con refrigeración ni con agua segura. Los niños traen tortillas con sal como alimento para todo el
día, mientras que en los alrededores de la escuela proliferan las tienditas que venden frituras, refrescos y dulces.
El docente de escuela unitaria, que ya carga con la responsabilidad de atender simultáneamente a niños de primero a
sexto grado, no tiene formación en nutrición, no tiene tiempo ni recursos para implementar proyectos de huerto escolar
y no cuenta con apoyo especializado en salud alimentaria. En estas comunidades, además, los propios docentes y sus
familias padecen las mismas condiciones de vulnerabilidad nutricional.
La irrupción de los ultra procesados en las economías rurales michoacanas es, en sí misma, un fenómeno de desarrollo
regional que merece estudio urgente: el abandono de la dieta tradicional ha sido reemplazado por la accesibilidad
económica de los productos industrializados que, paradójicamente, cuestan menos y están más presentes que una fruta
o una verdura fresca.
El sistema educativo mexicano y el michoacano en particular, incurren en omisiones sistemáticas que constituyen
vulneraciones al derecho a la salud de niñas, niños, jóvenes, maestras, maestros y sus familias. Estas omisiones
responden a una arquitectura institucional que históricamente ha desvinculado la educación de la salud.
Las educadoras de preescolar y los maestros de primaria no reciben formación inicial ni continua específica en nutrición
y salud alimentaria. Se les pide que formen hábitos sin haberlos aprendido ellos mismos en sus trayectorias
profesionales.
Miles de escuelas michoacanas no cuentan con bebederos de agua potable operativos, lo que hace imposible el
cumplimiento de la obligación de ofrecer agua simple a libre demanda, establecida en los lineamientos de septiembre
de 2024 publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Las cooperativas escolares, cuando existen, operan, en los hechos, sin supervisión nutricional, sin criterios de selección
de productos y sin rendición de cuentas. En la mayoría de las escuelas rurales michoacanas, la cooperativa es
simplemente la tiendita más barata de la comunidad trasladada al interior del plantel.
Al respecto, desde hace meses he sostenido, en distintos foros y espacios de incidencia, que la figura del nutriólogo
escolar es la respuesta estructural más eficaz, más pertinente y urgente para enfrentar la crisis alimentaria en las
comunidades educativas de México y de Michoacán. El nutriólogo o nutrióloga escolar es un profesional de la salud con
formación en ciencias de la nutrición que se adscribe de manera permanente a una comunidad escolar o a un circuito de
escuelas cercanas. Su función, además de clínica, es educativa, preventiva, comunitaria y de derechos.
El costo estimado de un programa de nutriólogos escolares en Michoacán para las zonas de mayor marginación
—aproximadamente 1,200 escuelas en los quintiles de mayor vulnerabilidad— representaría una fracción mínima del
costo futuro de atender las enfermedades crónicas derivadas de la obesidad y la desnutrición. UNICEF estimó que el
costo acumulado de no actuar ante la obesidad infantil en México puede llegar a 42 mil millones de pesos. Invertir en
nutriólogos escolares es infinitamente más barato que pagar mañana en diálisis, amputaciones y cardiopatías.
Por lo anterior, es imprescindible activar de manera urgente y en todas las escuelas el programa Vive Saludable, Vive
Feliz en Michoacán con una hoja de ruta clara, recursos etiquetados y plazos de cumplimiento públicamente verificables.
El rezago de Michoacán es una decisión política que impacta la esperanza de vida de un millón doscientos mil
estudiantes.
También, se debe establecer dentro del sistema educativo michoacano la figura del nutriólogo escolar itinerante,
comenzando por las zonas de mayor marginación, como parte de la plantilla de personal de apoyo a la educación básica.
Así también, se debe garantizar que el 100% de las escuelas primarias y preescolares públicas de Michoacán cuenten con
bebederos de agua potable operativos antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 e implementar un programa de
formación docente continua en educación nutricional, con especial énfasis en la recuperación de la dieta tradicional
michoacana y en la lectura crítica del etiquetado frontal de alimentos.

Urge supervisar efectivamente el cumplimiento de los lineamientos de alimentación escolar en todos los planteles, con
sanciones reales para quienes permitan la venta de ultra procesados dentro y alrededor de las escuelas.
Se deben de activar mecanismos de coordinación permanente entre el sistema educativo y el sistema de salud
michoacano para garantizar que ningún niño o niña con obesidad o desnutrición detectada en la escuela quede sin
atención médica y nutricional oportuna.
Y, de manera estructural, se debe declarar la salud alimentaria escolar como prioridad de la política pública michoacana
y asignarle una partida presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2027.
Es momento de asimilarlo a fondo: en cada escuela multigrado de la Sierra-Costa, en cada plantel de la Cañada de los
Once Pueblos y en cada aula de las colonias de alta marginación de Morelia, Zamora o Uruapan hay una niña o un niño
cuyo futuro se está decidiendo hoy, en la realidad cotidiana de lo que come o no come antes de entrar a clases.
La obesidad y la desnutrición son el resultado de sistemas fallidos: sistemas alimentarios colonizados por la industria
ultra procesada, sistemas educativos que dan la espalda a la salud, sistemas de salud que llegan tarde o no llegan y
sistemas políticos que prefieren los anuncios a la acción.
En el marco del Día Mundial de la Obesidad 2026, México ha dado un paso con su Estrategia de Desaceleración. Es un
paso necesario, pero insuficiente si no llega a las aulas, si no aterriza en los comedores escolares, si no se materializa en
el nutriólogo que entra cada semana a la escuela de la comunidad indígena y que le dice a la maestra, al director, a la
madre de familia: “Aquí estoy. El derecho a la salud de sus hijos también es mi responsabilidad”.
Michoacán tiene una deuda histórica con sus comunidades escolares. Saldarla es posible. Hacerlo es urgente. Negarse a
hacerlo es, desde cualquier perspectiva de derechos humanos, una violación. El nutriólogo escolar no es un lujo. Es un
derecho. Y los derechos no se esperan: se conquistan, se exigen y se defienden ejerciéndolos.

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*Doctor en ciencias del desarrollo regional y director fundador de Mexicanos Primero capítulo Michoacán, A.C.