De Primera Mano/Rodulfo Reyes

Núñez, papa caliente

 La Fiscalía General de Tabasco ha tenido que salir a confirmar que Arturo Núñez Jiménez y su consorte Martha Lilia López Aguilera enfrentan dos demandas penales, de tal manera que aunque existiese la indicación de “darle la libre” al perredista avecindado en España, la dependencia está obligada al menos a investigar a quien se califica ya como “el peor” y “más corrupto” gobernador de toda la historia del Edén.

            La institución a cargo del abogado Jaime Lastra Bastar se ha visto precisada a informar las imputaciones que enfrenta el exmandatario, luego de que algunos medios le atribuyeran la declaración de que no existían carpetas de investigación en su contra.

            En un comunicado emitido la noche del domingo, la FGE confirmó que se indaga a Núñez, al igual que a su esposa Martha Lilia López Aguilera, en su carácter de expresidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, así como a exfuncionarios de la pasada administración, por los presuntos delitos de peculado y otros.

            Esto, sin embargo, es derivado de dos denuncias presentadas por diputados locales. Esto es, no fue por iniciativa del nuevo régimen tabasqueño que se investiga a los Núñez, sino, más bien, por la presión ciudadana.

            Y es que luego de que la Fiscalía diera a conocer que no había indagatorias contra el perredista, una oleada de inconformidad se dejó sentir en las redes sociales.

            En el despacho de prensa, la dependencia precisó que la primera de las denuncia fue presentada en conjunto por un legislador del PRI y por otro legislador del PVEM, aunque después abandonó esta fracción.

            La segunda y más reciente demanda la levantó la fracción parlamentaria del tricolor  ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

            Expuso que ante el interés público por conocer las denuncias en contra de ex servidores públicos de la pasada administración y que se han comenzado a hacer públicas por distintos actores políticos, la institución garantiza sus acciones con plena observancia al debido proceso y, a la vez, atendiendo su obligación de transparentar su actuar ante la ciudadanía.

            Es inevitable no sacar a colación la afirmación del pasado 23 de agosto del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia mañanera ofrecida en Villahermosa, de que no presentarían denuncias en contra de Núñez, como demandaban ciudadanos que protestaban en contra del exgobernador afuera de la 30 Zona Militar, en donde se encontraba el de Macuspana.

            AMLO argumentó que no irían tras Núñez en virtud de que no era partidario de las venganzas, ello a pesar de que en varias ocasiones el gobernador morenista Adán Augusto López Hernández ha afirmado que se va a castigar a quienes hayan incurrido en hechos de corrupción en el sexenio anterior, en alusión a los señalamientos en contra de Núñez y su mujer.

PARA SU INFORMACIÓN…

EL QUE ESTÁ siendo demasiado cuidadoso de las formas es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Priego Oropeza, pues cuando le preguntaron sobre las irregularidades encontradas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) en la anterior gestión de Jorge Priego Solís, respondió que la auditoría se realizó por normatividad y no porque él la haya ordenado. Y es que ambos comparten la profesión de notarios, un gremio muy poderoso en estos tiempos. En defensa de la supuesta tibieza del también exgobernador, un colaborador suyo señaló: “don Enrique es muy noble, pero cuando se trata de aplicar la ley, no le tiembla la mano”.