La reforma en transparencia, retos desde lo local/Jaime Cerdio

Jaime Cerdio es director general adjunto de Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública, exasesor en el Senado. Es licenciado en Economía por el IPN y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tec de Monterrey; cuenta con estudios en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Abrir las instituciones no significa simplemente cumplir con las obligaciones de transparencia o responder solicitudes de información formuladas por los ciudadanos. Supone, además, un esfuerzo en el que juntos gobierno y sociedad–luego de tener un mayor acceso a la información pública y por lo tanto estar más informada-, la utilizan de manera estratégica para dar solución a los distintos problemas por los que atraviesan y de este modo, legitimar el ejercicio de la acción gubernamental y fortalecer nuestra democracia.

En febrero de 2014 fue publicado el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de transparencia. Esta reforma, al tiempo de fortalecer el derecho de acceso a la información pública en México y delimitar las nuevas facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), estableció que las legislaturas estatales tendrían un plazo de un año para armonizar su normatividad, resultando con ello, entre otras cosas, el contar con organismos autónomos similares.

El plazo ya concluyó y en ese sentido, así como en su momento el «Nuevo IFAI» tuvo una serie de retos que enfrentar tanto para estar a la altura de la recién aprobada reforma como para legitimar su actuación e incrementar el acceso a la información de los mexicanos; en una sociedad cada vez más demandante de información oportuna y de calidad, es claro que las entidades federativas, a través de sus «nuevos órganos garantes», tienen también una agenda qué resolver y desafíos importantes que no deberán perder de vista, entre ellos, los siguientes:

En primer lugar, será fundamental promover mecanismos que permitan fortalecer el diseño institucional de los propios órganos garantes, al probar su autonomía, revisar sus estructuras y otorgarles mayores recursos para la investigación, innovación, capacitación y difusión. Lo anterior, de acuerdo al contexto nacional y a las mejores prácticas internacionales.

En segundo lugar, será necesario consolidar la transparencia de primera generación, es decir, garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos; por su parte, fomentar la transparencia de segunda generación, o bien, políticas de transparencia «focalizada» que permitan reducir riegos o solucionar problemas públicos específicos; y sentar las bases para una transparencia de tercera generación, al aterrizar la noción de «Gobierno Abierto» en estados y municipios.

Finalmente, y no menos importante, se requerirá consolidar una verdadera cultura de la transparencia tanto en los servidores públicos del ámbito local, como en la población en general, tras mantener una estrecha colaboración entre los institutos de transparencia estatales y el sector público, privado, académico y social, para desarrollar programas de capacitación, difusióny sensibilización sobre la importancia del derecho a saber, incrementando su ejercicio por parte de los ciudadanos.

En democracia, las instituciones responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de promover políticas de transparencia son un instrumento esencial para consolidar mejores gobiernos y sociedades más informadas y participativas, pues tienen la posibilidad de hacer de la información un elemento de valor que propicie el conocimiento colectivo para una toma de decisiones mejor informadas y en consecuencia, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Un reto que sin duda, este 2015 deberá construirse y consolidarse desde lo local.