Carlos Ramírez/Indicador Político

El enojo del rector de la UNAM, José Narro Robles, tiene razones de ser: la sucesión en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se resolverá en octubre, pero su candidato Luis Raúl González Pérez, abogado general de la universidad, sigue metido en un expediente de la CNDH por violación de derechos humanos.

Lo grave del asunto ha sido el hecho de que el rector Narro Robles desobedeció una exigencia de la CNDH para establecer medidas cautelares a favor del denunciante de plagio, Enrique Carpizo Aguilar, contra el abogado general de la UNAM, además de manipular las instancias universitarias de defensa de estudiantes y profesores para acallar la denuncia de un miembro de la comunidad universitaria contra un funcionario clave de la rectoría.

En este contexto, la UNAM, su rector y su abogado general exhibieron conductas represivas y violatorias de los derechos humanos contra un denunciante y violentaron recomendaciones de la CNDH, pero en el entendido de que la UNAM, su rector y su abogado general buscan nada menos que la presidencia de la CNDH.

La violación de procedimientos cautelares y la información de que la propia oficina del abogado general de la UNAM investigaría una denuncia en su contra mostraron la forma en que manejarían las denuncias en la CNDH. La Comisión nació como un contrapoder y no como un poder con posibilidades de autoexonerarse.

Lo mismo ocurrió –y con el rector Narro Robles y su abogado general como protagonistas– con la denuncia investigada por la CNDH el año pasado: un profesor de física ejerció violencia contra una estudiante de 16 años de edad; la respuesta de la UNAM fue la de ofrecer “una gran disposición” de la oficina del Abogado General de cooperar pero luego escandalizar cuando se hizo pública la recomendación.

La UNAM de Narro Robles esperaba un favoritismo de la CNDH para “acallar” la denuncia, pero con el argumento del rector de que había tratado de un “error humano” del profesor agresor.

La decisión de designar al próximo presidente de la CNDH recaerá en el Senado, donde hay un especial cuidado en analizar la formación académica de los aspirantes a cargos que requieren de credibilidad. La acusación de plagio que hizo un sobrino del ex rector Carpizo McGregor y un doctorado por internet han interesado a los senadores que decidirán el nombramiento en la CNDH.

El fondo de la lucha del rector Narro por controlar a la CNDH se localiza en el argumento de que ese organismo forma parte del espacio de poder institucional del grupo político del fallecido ex rector Carpizo McGregor. Pero por los dos expedientes que involucraban violación de derechos humanos en la UNAM, ahora se percibe que la CNDH sería operada por criterios políticos favorables al PRI, partido al que pertenece el rector Narro Robles y no para defensa de los derechos humanos por abuso de poder del Estado y sus instituciones. Narro Robles se ve desde ahora en el gabinete presidencial a finales de 2015.

Los efectos colaterales del caso González Pérez ya afectaron también la sucesión de director en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde el rector Narro Robles quiere poner un incondicional para que ese organismo continúe como un refugio priísta, algo así como la Secretaría Jurídico-Constitucional del PRI.

Carpizo McGregor utilizó la CNDH para catapultarse en la burocracia del poder salinista: en la CNDH conspiró contra el ejército para saltar a la posición de procurador general y dejó incondicionales en la Comisión, hasta que el doctor José Luis Soberanes (1999-2009) descarpizó la institución e impidió que se redujera a un coto de poder burocrático de los seguidores de Carpizo. Ahora el rector Narro la quiere recuperar la CNDH para el poder político de la UNAM.

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