Ejidatarios de Tila lanzan llamado urgente ante amenazas del crimen organizado

Por Argenis Esquipulas
Foto del comunicado de los ejidatarios

Tila, Chiapas, 16 de Enero 2026— Ejidatarios, pobladores y avecindados del ejido Tila emitieron un llamado público urgente al gobernador constitucional de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, para que intervenga de manera inmediata ante la grave situación de violencia e inseguridad que aseguran se vive en los anexos del ejido, particularmente en Cantioc y Río Grande.

De acuerdo con el pronunciamiento, los habitantes alertan sobre amenazas de muerte y la presunta incursión de integrantes del crimen organizado encabezado por José del Carmen Jiménez Pérez, alias “El Quemado”, identificado como líder del grupo denominado Los Autónomos. Señalan que, pese a solicitudes públicas y por escrito dirigidas al gobernador y al presidente municipal, no existe presencia de fuerzas de seguridad en los anexos del ejido.

Los denunciantes afirman que el clima de miedo ha impedido que regresen a sus cafetales y milpas, su único sustento, ante el temor de ser asesinados o desaparecidos. “¿Quién nos puede garantizar la protección de nuestras vidas y la seguridad de los anexos del ejido Tila?”, cuestionan, al tiempo que preguntan por qué no se ha actuado conforme a la ley contra este grupo, pese a la existencia —aseguran— de órdenes de aprehensión.

El comunicado también refiere testimonios recientes que ubican a “El Quemado” desplazándose por el anexo Río Grande acompañado de sujetos armados y vestidos con indumentaria militar, y advierte sobre amenazas de incursión armada en Cantioc con el objetivo de agredir a ejidatarios y pobladores que no comparten las acciones del grupo.

Ante este escenario, la comunidad hace un llamado directo al Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y al Secretario de Seguridad del Pueblo, para que intervengan de forma inmediata y garanticen la vida y seguridad de la población.

Los firmantes subrayan que, durante años, se han conducido de manera pacífica y apegada a la ley, y que solicitaron sin éxito la aplicación del estado de derecho a administraciones anteriores. Afirman que la falta de atención derivó en graves violaciones a derechos humanos en Tila. Asimismo, se deslindan del homicidio de Julio César Pérez Pérez, al que atribuyen a una disputa por el control territorial y de recursos, señalando presunta complicidad del ayuntamiento y funcionarios locales.

La comunidad asegura haber informado puntualmente de la situación a diversas instancias, entre ellas la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la Secretaría de Gobernación en Chiapas, las Fiscalías Indígena y de Derechos Humanos, y la Secretaría General de Gobierno.

También solicita la intervención de oficio de los organismos oficiales de derechos humanos para que se implementen medidas de seguridad y protección.

En su petición final, exigen al gobernador que gire instrucciones para el despliegue de fuerzas de seguridad estatal, así como de la Guardia Nacional y la SEDENA, y que se aplique el estado de derecho contra el grupo criminal al que responsabilizan de ejecuciones arbitrarias, desapariciones, despojos, robos, asaltos, secuestros, agresiones, violaciones sexuales y cobro de piso en el ejido Tila.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 8, 16, 17 y 27 de la Constitución, los habitantes advierten que de no intervenirpara garantizar su vida e integridad, el Estado sería responsable de que ocurra una nueva tragedia como la registrada en junio de 2024.

El pronunciamiento concluye firmado por “El pueblo de Tila y sus anexos”, quienes reiteran su exigencia de paz, seguridad y justicia.