REDACH llama a reconocer la gestión comunitaria del agua en Chiapas

SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, Chis, 30 de septiembre de 2025. La Red Defensora del Agua de Chiapas (REDACH), integrada por patronatos y comités comunitarios en más de 120 localidades rurales, cumplió un año desde su creación y celebró su primera Asamblea Anual en San Cristóbal de Las Casas.

Durante el encuentro, la Red exigió a los tres niveles de gobierno cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido en la Constitución mexicana desde 2012, y a la aprobación de una Ley General de Aguas, pendiente desde hace más de 13 años.

“Como pueblos y comunidades organizadas, demostramos que la gestión comunitaria del agua es parte de la solución a la crisis hídrica y social que vivimos. No descansaremos hasta que se reconozca legalmente y se garantice el acceso justo y digno al agua para todas y todos”, señalaron voceras y voceros de la REDACH.

Entre las resoluciones adoptadas en asamblea destacan:

-           Realizar asambleas comunitarias en cada municipio para priorizar el agua como derecho esencial.

-           Nombrar una comisión de gestión de recursos públicos en municipios con estructuras de asociatividad.

-           Impulsar intercambios de experiencias entre comunidades y jóvenes estudiantes.

-           Desarrollar una estrategia de incidencia política para que el Congreso del Estado y posteriormente el Congreso de la Unión destinen recursos etiquetados al fortalecimiento de los comités comunitarios.

-           Elaborar una guía práctica para orientar a los comités en trámites ante CONAGUA, CFE y otras instancias.

REDACH subrayó que su labor va más allá de la exigencia: en su primer año gestionó recursos del FAISPIAM para infraestructura hídrica, impulsó procesos de cloración comunitaria, sostuvo reuniones con instancias estatales y federales, y entregó sus demandas directamente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Un llamado a las autoridades

Las comunidades organizadas reiteraron la necesidad de que el Estado reconozca la gestión comunitaria del agua como modelo legítimo y eficaz, y que se creen mecanismos claros de coordinación entre municipios y comunidades.