Denuncian ecocidio en Huixtán: más de 200 hectáreas de bosque devastado

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 05 de mayo 2026. – Pobladores de este municipio han alzado la voz ante lo que califican como un grave ecocidio en su territorio. A través de un comunicado difundido en redes sociales, exigen al gobernador del estado, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, y al fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, investigar la tala de más de 200 hectáreas de bosque, así como garantizar la protección de las comunidades amenazadas y la preservación de los recursos naturales.

“Alzamos la voz ante un grave ecocidio que se ha venido cometiendo desde el 2022 y que se ha agravado desde hace más de un año”, señala el pronunciamiento. Los denunciantes responsabilizan directamente a la llamada Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP), a quien acusan de provocar la devastación, contradiciendo sus supuestos principios de defensa popular.

Según los testimonios, las personas involucradas en la tala portan armas de alto poder, han amenazado a los habitantes y aseguran presuntamente contar con respaldos de grupos delictivos, ministerios de la fiscalía indígena, comandantes de los pakales e incluso del presidente municipal de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez. “Eso genera un clima de miedo e impunidad”, denuncian.

A pesar de haber solicitado la intervención de las autoridades, los pobladores afirman que no ha habido acciones efectivas contra los responsables. “Se preguntan por qué no interviene alguna autoridad, la respuesta es sencilla: porque están coludidos con estos delincuentes”, sostiene el comunicado.

En contraste, los manifestantes reconocen la labor de un grupo de zapatistas de la comunidad Emiliano Zapata, quienes han cuidado el medio ambiente y evitan la destrucción. De esta localidad —señalan— proviene un manantial que abastece de agua a comunidades aledañas al ejido, precisamente en el área donde se concentra la devastación.

Finalmente, los pobladores hacen un llamado a la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca para que intervengan de manera urgente y se aplique la ley. También advierten que responsabilizan a las personas que aparecen en las imágenes difundidas de cualquier agresión o represalia que pudieran sufrir.