El 66% de las fosas resulta con restos de desaparecidos en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., 14 de noviembre de 2019.- La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó en su informe anual, que fueron positivas 10 de las 15 prospecciones de fosas con restos de personas desaparecidas en San Luis Potosí, en sus investigaciones de larga data, es decir, con tiempos prolongados de búsqueda.

Esto significa el 66.6 por ciento.

De tales hallazgos, «se hizo entrega de tres personas identificadas y el resto se encuentra en etapa de procesamiento para obtener los perfiles genéticos y hacer la identificación», explica el informe escrito del fiscal general de la entidad, Federico Garza Herrera.

Para llevar a cabo las prospecciones de una forma especializada, añade, «se fortaleció el área con la contratación de un perito en arqueología con especialidad en antropología.

Así, los indicios recolectados ya no tendrán que ser sometidos a una clasificación especial, sino que se ordenan directamente al análisis en materia genética.

Con esta acción se brinda seguridad y certeza a las víctimas indirectas y una mayor celeridad en las investigaciones», aseguró.

Garza señala que en la FGE, existe la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas, la cual coordina los esfuerzos del agente fiscal, policía y perito.

Apenas se recibe una denuncia de desaparición, la FGE debe aplicar un protocolo en el cual el agente fiscal difunde la fotografía de la persona y da intervención inmediata al policía para que se avoque a la investigación del paradero de la víctima mediante rastreo de cámaras de vigilancia, datos conservados de líneas telefónicas y entrevista con personas de los círculos de la víctima indirecta, con intervención, asimismo, de la Comisión Estatal de Búsqueda.

«Transcurrido el lapso legal, se genera la intervención de los peritos, obtención de muestras biológicas y perfiles genéticos; o bien, prospección, inspección y levantamiento de indicios para la localización de la víctima», explicó.

Si hay un hecho delictivo de por medio, «se realiza la derivación de la investigación a las áreas de homicidios, secuestro, delitos sexuales, según sea el caso y finalmente, se lleva a cabo la judicialización de la carpeta», pero si no, determinan «el no ejercicio de la acción penal».

La unidad trabaja con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo que permitió la contratación de personal auxiliar para agentes fiscales, policía de investigación y de investigación informática.

Asimismo, «fue posible la adquisición de vehículos con características adecuadas para realizar los actos de investigación conducentes a la localización de las personas», pero no precisó las mismas.