Protestan trabajadores del PJF en Chiapas contra nuevas evaluaciones

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 05 de noviembre 2026.-Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se manifestaron este jueves frente a sus centros de trabajo para rechazar el Acuerdo General del Órgano de Administración Judicial que regula las evaluaciones al personal de carrera judicial. Los inconformes aclararon que no se oponen a ser evaluados, pero denuncian que el mecanismo carece de equidad, abre la puerta al hostigamiento y pone en riesgo sus empleos.

Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil en Tuxtla Gutiérrez, explicó que la protesta no es contra las evaluaciones en sí, sino contra la forma de aplicarlas, pues consideran que vulneran la dignidad y los derechos laborales. Señaló que los criterios no son equiparables a los usados para las personas juzgadoras electas, e incluyen factores como la productividad y la calificación de los superiores, lo que podría prestarse a represalias contra quienes han denunciado las condiciones de trabajo. Aunque las autoridades presentan el proceso como diagnóstico, advirtió que la ley contempla la separación del cargo si no se aprueba.

La trabajadora también denunció carencias en los centros laborales: falta de aire acondicionado, elevadores fuera de servicio, escasez de papel y problemas con las impresoras. Según sus estimaciones, a nivel nacional alrededor de 55 mil trabajadores podrían verse afectados, mientras que en Chiapas la cifra ronda los mil 200 integrantes de la carrera judicial.

Julio César Rincón, con un año de antigüedad en el PJF, manifestó que para ingresar ya tuvieron que superar exámenes, por lo que una nueva evaluación afecta sus derechos laborales. Aunque la primera sea diagnóstica, temen que a partir del próximo año sea punitiva y permita removerlos o cesarlos. “No estamos en contra de aprobar exámenes, sino de los métodos y la falta de transparencia”, indicó. Alertó sobre el impacto en compañeros con 20 o 30 años de servicio, quienes podrían perder su base y enfrentar dificultades para reinsertarse laboralmente.

Adilene Jiménez Flores, con 15 años en el Poder Judicial, expresó que el temor no es al examen sino a que se use como pretexto para despedir personal y truncar jubilaciones. Relató que hay compañeros a dos años de retirarse y que la evaluación podría dejarlos sin ese derecho. Asimismo, describió jornadas extenuantes que en ocasiones se extienden hasta la noche o la madrugada para atender casos urgentes. “Trabajamos casi los 365 días del año, las 24 horas”, dijo.

Los manifestantes hicieron un llamado a la ciudadanía y a organizaciones sociales para respaldar su movimiento, al considerar que la defensa de sus derechos laborales también protege la independencia judicial. Advirtieron que debilitar al personal de carrera podría afectar el acceso a la justicia, especialmente para quienes acuden a los juzgados en busca de protección a derechos como la salud, la libertad o la integridad frente a abusos de autoridad. “No estamos luchando por nada que no sea legítimo, sino por la permanencia de los trabajadores de carrera judicial”, concluyó Monzón Velasco.