Protestan trabajadores del PJF en Chiapas contra nuevas evaluaciones
TUXTLA GUTIÉRREZ Chis., 19 de febrero 2026-
En la cabecera municipal de Chanal, un grupo de personas de fe evangélica que fue víctima de una agresión el pasado 31 de enero, solicitó públicamente la intervención de la Fiscalía General del Estado para que el caso sea investigado conforme a derecho y se deslinden responsabilidades contra quienes resulten responsables.
Acompañados por su asesora jurídica, los denunciantes hicieron un llamado directo al fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, a fin de que el proceso se conduzca con apego a la legalidad, sin favoritismos ni impunidad. Señalaron que la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público y que la carpeta de investigación cuenta con dictámenes médicos, testimonios, audios y otros elementos de prueba.
De acuerdo con los testimonios recabados, uno de los afectados relató que la noche del 31 de enero, aproximadamente a las 19:30 horas, fue interceptado cuando regresaba de imprimir invitaciones para una campaña evangélica. El denunciante señaló como presunto agresor a Alfredo Núñez Gómez, quien —afirma— lo esperaba en el trayecto y lo atacó junto con su hijo, su yerno y su esposa.
Según su declaración, los agresores le arrojaron una botella y lo golpearon cuando disminuyó la velocidad de su vehículo al pasar por un tope y un bache. El afectado indicó que logró huir del lugar minutos después y solicitó auxilio a su amigo Alfredo López Hernández, quien presuntamente acudió en su apoyo y fue testigo de parte de los hechos.
En la denuncia presentada ante las autoridades también se menciona como presunto responsable a Marciano Gómez López, de acuerdo con lo manifestado por las propias víctimas.
El saldo de los hechos, conforme a lo informado por los denunciantes, es de cinco personas lesionadas: tres mujeres y dos hombres. Entre ellas se encuentra un pastor que permanece en estado grave de salud, así como una mujer que resultó herida al intentar auxiliar a su esposo durante la agresión. Las víctimas manifestaron temor por la seguridad de sus familias y compañeros del gremio transportista.
Los afectados reiteraron que su exigencia es que el caso sea investigado a fondo y que se garantice justicia conforme a derecho. Subrayaron que la investigación de los hechos no implica una condena anticipada, sino el esclarecimiento de lo ocurrido y la aplicación de la ley.
Finalmente, señalaron que la respuesta de las autoridades será determinante para fortalecer la confianza en las instituciones, al tratarse de un caso que involucra la integridad física de las personas y el derecho de las víctimas a acceder a la justicia.