Activistas exigen justicia a siete años del ataque en Amatán, Chiapas

TUXTLA GUTÉRREZ, Chiapas, 19 de enero de 2026.
En el séptimo aniversario del ataque policiaco–paramilitar y la ejecución extrajudicial de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI CNPA MN) reiteraron su demanda de justicia y denunciaron la persistente impunidad en el caso ocurrido en el municipio de Amatán.

Este lunes, activistas y dirigentes campesinos se concentraron en las oficinas del Poder Judicial de la Federación, al oriente de Tuxtla Gutiérrez, para solicitar una audiencia con el presidente del primer tribunal colegiado y evitar que el expediente sea cerrado. La protesta se dio luego de que, en 2024, los presuntos autores intelectuales del crimen, Wilber y Manuel de Jesús Carpio Mayorga, fueran puestos en libertad.

Durante una conferencia de prensa, José Trinidad López Calvo, dirigente estatal del MOCRI CNPA MN, dio lectura a un comunicado en el que recordó que el 17 de enero de 2019 un comando paramilitar atacó el plantón del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, secuestrando a José Santiago Gómez Álvarez y a Noé Jiménez Pablo, este último dirigente del MOCRI y la CENPA-MN. Un día después, ambos fueron hallados sin vida con evidentes signos de tortura.

De acuerdo con el pronunciamiento, el conflicto se originó en 2018, cuando la población de Amatán se organizó contra la imposición de un cacicazgo político-económico que, señalaron, había saqueado el municipio y profundizado la marginación y la pobreza. Esa inconformidad derivó en un movimiento social que aglutinó a organizaciones, representantes religiosos y autoridades ejidales, con demandas de justicia social, obra pública, infraestructura carretera y el rechazo a los cacicazgos.

“El punto más álgido de las agresiones ocurrió en enero de 2019, cuando un comando paramilitar atacó al movimiento. A siete años, ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía General, ni el municipio de Amatán han aceptado la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, denunció López Calvo.

El MOCRI acusó que jueces “bajo consigna política” liberaron en 2024 a los hermanos Carpio Mayorga y que estos continúan “cobijados en espacios de la administración pública”. Asimismo, señalaron que los procesos contra los autores materiales permanecen estancados y que existen órdenes de aprehensión sin cumplimentar.

En el comunicado también se solicitó al primer tribunal colegiado en materia civil y penal, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y en particular al magistrado ponente Jorge Mason Calimayor, realizar una revisión “oportuna, eficaz y veraz” de los amparos directos 600-2024 y 102-2025 relacionados con el caso.

Los activistas afirmaron que el asesinato de sus compañeros fue “una postura de Estado por el control territorial” y un intento por frenar la libre autodeterminación de los pueblos campesinos. “La impunidad ante estos hechos es la única respuesta del Estado chiapaneco”, subrayaron.

Finalmente, el MOCRI CNPA MN reafirmó su compromiso de continuar la lucha por la justicia, la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. “Combativamente, unidos, luchando y organizados, venceremos”, concluyó López Calvo ante medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos.