CANCÚN, QRoo, 12 de agosto de 2019.- Ante la próxima discusión que se dará en el Senado de la República para tipificar la defraudación fiscal, así como la expedición y adquisición de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advierte que ese tipo de mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder.

“‘México requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, sin que paguen justos por pecadores”, enfatiza y agrega que: “Las reformas que pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, deben establecer claramente los candados que eviten estos delitos, pero sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que cree una mayor incertidumbre para el país”.

Explica que la legislación punitiva genera incertidumbre jurídica a los buenos contribuyentes, por lo cual considera que debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada y aprobada fast-track, sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo, pues es necesario construir una ley cuya implementación no devenga en más problemas y en una mayor incertidumbre.

A través de la Señal Coparmex, el presidente del organismo empresarial, Gustavo de Hoyos Walther, señala que aunque el combate a la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada, es prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales, no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos por medio de la aprobación de legislaciones extremadamente punitivas.

Agregó que la iniciativa busca combatir a las llamadas empresas fantasmas, que emiten comprobantes para deducir operaciones simuladas, aumentando las penas en prisión a quienes expidan o compren facturas falsas, lo cual amenaza a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente.

Lo anterior, apunta, ha despertado la preocupación del sector de que en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias al confundir empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma debido a cuestiones puramente operativas, como la forma en la que se da de alta o de baja en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente, ya que al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza e incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, advierte.