Entre el discurso de honestidad y la corrupción en México: MCCI

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2020. — El discurso del presidente tiene un gran impacto pero con alcances limitados: a pesar de repetir una y otra vez que su gobierno ya no tolera la corrupción como los gobiernos del pasado, su imagen como hombre honesto se ha deteriorado en los últimos dos años.

Sin embargo, la narrativa presidencial ha cambiado la percepción de la gente respecto a las causas de la corrupción.

Más corrupción afecta la imagen del presidente Diversas casas encuestadoras (BECERRA, 2020) han publicado que la aprobación presidencial cayó cerca de 20 puntos entre febrero de 2019 y febrero de 2020 (MORENO, 2020).

A partir de los datos, una hipótesis ha sido que es producto de los malos resultados en materia de seguridad y de economía.

Sin embargo, una pobre gestión anticorrupción también puede tener efectos político-electorales: así le sucedió al entonces presidente Peña Nieto en la elección de 2018, y así puede sucederle a este gobierno en la elección federal intermedia en 2021 (RAMÍREZ, 2019).

Los resultados de la encuesta realizada en 2020 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Reforma señalan que el presidente López Obrador ha ido perdiendo su imagen de hombre honesto y que la percepción de personaje corrupto ha ganado terreno en la opinión pública.

Entre 2019 y 2020 su reconocimiento de honestidad cayó 22%; en marzo de 2020, la mitad de los mexicanos consideraba que el presidente era honesto cuando un año antes esta cifra alcanzaba 64%. Más grave aún es que entre 2019 y 2020 la percepción de que el presidente era corrupto incrementó en 73%; en 2019 dos de cada diez personas pensaban que lo era, mientras que en 2020 casi cuatro de cada diez personas lo consideran corrupto.

¿A qué se debe el deterioro en la imagen de honestidad presidencial? Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hemos observado que la mera presencia de escándalos de corrupción durante un mandato afecta negativamente la opinión de la gente sobre el presidente, aun cuando no sean su responsabilidad directa.

Esto es algo que ocurre en sistemas presidenciales como el mexicano (Manzetti y Rosas, 2014), en los que la responsabilidad de lo que hace el gobierno y sus agentes recae, en términos de opinión pública, en el jefe del Ejecutivo.

A 14 meses de inicio de la administración de López Obrador, se contabilizaron más de una docena de grandes escándalos de corrupción que trascendieron a la prensa nacional, muchos de los cuales pudieron haber hecho mella en la opinión ciudadana respecto a la honestidad del mandatario (“ANUARIO DE LA CORRUPCIÓN”, 2019).

Un elemento en el deterioro de la imagen presidencial —en concreto de su honestidad— está en la percepción diferenciada que tienen hombres y mujeres: el presidente no ha podido abordar la agenda de género ni ofrecer respuestas institucionales a la violencia que vivimos las mujeres en México; las marchas registradas al final de 2019 y durante el primer trimestre de 2020 dieron cuenta de ello.

Pero como la corrupción es un tema que, aunque de manera diferenciada, afecta a hombres y mujeres, AMLO habla sobre corrupción en cada oportunidad que tiene, apostando a que en ese terreno no puede perder.

El discurso sobre la corrupción Destacar que la corrupción es algo ajeno a su gobierno ha llevado a que el presidente López Obrador la mencione, al menos una vez, en 90% de sus discursos o intervenciones públicas desde su toma de posesión.

Por ejemplo, en 599 intervenciones públicas entre el 4 de diciembre de 2018 y el 5 de marzo de 2020, AMLO mencionó 5,324 veces la palabra corrupción y sus derivadas (corruptelas, anticorrupción, etc.).

Es decir, cada vez que AMLO mencionó la palabra corrupción lo hizo reiteradamente –en promedio 8.9 veces por intervención.

Aunque repetitivo, este discurso sigue encontrando eco entre la gente: la percepción ciudadana de que la corrupción ocurre con frecuencia o mucha frecuencia ronda 90%, al menos desde 2017, y a la gente le interesa escuchar lo que se diga sobre este rubro.

Que el presidente hable de corrupción, con la credibilidad y percepción de honestidad que aún mantiene, significa mucho para las mexicanas y mexicanos: sigue siendo el segundo problema que más les preocupa, sólo por debajo de la inseguridad (RAMÍREZ, 2020).

Sin embargo, para que el discurso sobre corrupción tenga eco entre la opinión pública, su mención no puede ser únicamente discursiva: debe aludir soluciones o responsables.

En el sexenio de Peña Nieto, la narrativa presidencial aludía al origen “cultural y educativo” de la corrupción (“DISCURSO DE PEÑA…”, 2015).

Si bien la discusión sobre lo que ello implica puede encontrarse en OTRAS FUENTES, lo que aquí se analiza es el impacto del discurso presidencial en la percepción de las causas de la corrupción (Velasco, 2019).

En contraste, AMLO relaciona la corrupción prevaleciente en México al legado de grupos conservadores vinculados a intereses del pasado, en específico a gobiernos anteriores. ¿Cuál es el origen de la corrupción en México? Tanto la narrativa de Peña como la de AMLO sobre el origen de la corrupción pueden verse claramente reflejadas en la opinión de la gente. Si bien la impunidad fue la respuesta mayoritaria tanto en 2019 como en 2020, la proporción que así lo considera cambió.

En 2020, cuatro de cada diez personas consideraban que el origen de la corrupción estaba en la impunidad; en 2019 esa proporción era cinco de cada diez. La disminución en esta proporción no se debe a que la gente considerara que el gobierno de AMLO estuviera haciendo una buena labor anticorrupción y con ello disminuyera la impunidad, sino a que el discurso de AMLO estaba perfilando un responsable mucho más concreto que la cultura a la que aludía Peña Nieto: los gobiernos anteriores.

Esta narrativa impactó en la opinión pública desde antes de las elecciones: el partido de Peña Nieto perdió la presidencia en 2018 contra el discurso de AMLO por su mala gestión anticorrupción (RAMÍREZ, 2019).

Lo que sorprende es la magnitud del impacto de este discurso, pues la respuesta sobre el origen de la corrupción en los gobiernos anteriores sustituyó por completo la mención a los factores educativos y culturales en 2020; incluso se apropió de un porcentaje de la respuesta que aludía a la impunidad.

Es decir, el impacto del discurso presidencial en los primeros catorce meses de gobierno de AMLO fue mayúsculo en este rubro, borrando casi por completo el mensaje del discurso sobre la corrupción que había perfilado la administración de Peña Nieto.

Estos hallazgos coinciden con la opinión pública  respecto a la necesidad de castigar la corrupción del pasado. Desde marzo de 2019, nueve de cada diez personas consideran que los  actos de corrupción de sexenios anteriores deben castigarse, y ocho de cada diez consideran que el castigo ayudaría a reducir la corrupción.

En resumen, ante la frustración por la presencia de corrupción, el apoyo mayoritario de las personas a castigar a los presidentes anteriores refleja cuán fértil es el terreno para que mexicanas y mexicanos responsabilicemos a los gobiernos anteriores por la corrupción del presente.

¿Es suficiente que el presidente sea honesto para acabar con la corrupción? El discurso sobre corrupción que asume el gobierno de AMLO parece tener mayor impacto en la opinión pública que en la conformación de instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción.

Resulta que ni el discurso que sanciona la corrupción o amenaza a los corruptos con cárcel, ni el ejemplo presidencial de honestidad, son suficientes para acabar con la corrupción (RAMÍREZ, 2020). Tampoco lo es la amenaza de mayores castigos para los corruptos, según consta en diversos estudios, sobre todo ante la ausencia de consecuencias (RAMÍREZ ET AL, 2019).

De hecho, entre 2019 y 2020 incrementó la incredulidad respecto a la efectividad del ejemplo del presidente: la proporción de personas que se mostraba de acuerdo con que la honestidad del presidente era suficiente descendió diez puntos porcentuales en tan sólo un año, de 61% a 51%.

En resumen, el impacto del discurso presidencial destaca respecto al origen de la corrupción en México, al asignar gran parte de la responsabilidad en los gobiernos anteriores. Sin embargo, éste no parece hacer tanto impacto en la opinión pública cuando no es compatible con la evidencia o experiencia de la gente (Zaller, 2003).

Para las mexicanas y mexicanos no es creíble que el mero ejemplo resuelva el problema sistémico de corrupción en el país. SOFÍA RAMÍREZ AGUILAR es investigadora, analista política y directora adjunta de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.